La Junta de Castilla y León ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil para todas las provincias de la Comunidad que han sufrido los efectos de las borrascas de alto impacto Oriana y Pedro, registradas entre los días 13 y 19 de febrero de 2026.
El acuerdo se adoptó en el Consejo de Gobierno celebrado el 19 de febrero, tras constatar los daños derivados de varios episodios meteorológicos adversos que incluyeron precipitaciones intensas en forma de lluvia y nieve y fuertes rachas de viento, que motivaron la activación de avisos de nivel naranja.
Daños acumulados tras varios episodios meteorológicos
Según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, estos fenómenos se produjeron sobre un territorio que ya había sufrido el impacto de borrascas anteriores, lo que agravó la situación hidrológica existente.
La acumulación de lluvias y deshielos incrementó las inundaciones en distintos puntos de la Comunidad y provocó daños en viviendas y enseres, así como en explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, pequeñas empresas e infraestructuras municipales. También se registraron afecciones en redes viarias y daños medioambientales.
Numerosos municipios se vieron obligados a hacer frente a actuaciones urgentes e inaplazables para garantizar la seguridad de los vecinos y restablecer servicios básicos.
Durante este periodo se mantuvieron activadas las distintas situaciones operativas del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (INUNCYL) en el conjunto del territorio autonómico, con el objetivo de coordinar la respuesta ante la emergencia y minimizar sus efectos sobre la población y el entorno socioeconómico.
Fundamento jurídico de la solicitud
La petición de la Junta se apoya en lo previsto en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que contempla la existencia de una situación de carácter catastrófico cuando se produce un acontecimiento que altera de forma sustancial el funcionamiento normal de una comunidad y ocasiona daños cuya magnitud supera los medios disponibles de la propia administración.
De acuerdo con esta norma, cuando la recuperación de la emergencia requiere la intervención de la Administración General del Estado, el Consejo de Ministros puede declarar una zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
Esa declaración permite activar un conjunto de medidas extraordinarias destinadas a apoyar la reparación de daños en viviendas, infraestructuras y explotaciones económicas, así como a compensar los gastos asumidos por las administraciones locales.
El procedimiento se inicia a solicitud de las administraciones públicas interesadas, tal y como establece el artículo 23 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. En el ámbito autonómico, corresponde a la Junta adoptar este tipo de acuerdos conforme al artículo 16 r) de la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.