La Junta de Castilla y León ha reiterado este miércoles su rechazo a cualquier modificación territorial relacionada con el enclave de Treviño y ha defendido que forma parte de la provincia de Burgos. El Ejecutivo autonómico sostiene que el mapa territorial de España "está completamente cerrado" y asegura que mantendrá una defensa "firme" de la integridad de la comunidad.
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se ha pronunciado sobre esta cuestión durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el diputado del PNV Mikel Legarda planteara en el Congreso la posibilidad de convocar un referéndum para la anexión del enclave a Álava.
Fernández Carriedo ha insistido en que el Gobierno autonómico mantiene su defensa de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, marco en el que, según ha subrayado, se integra el enclave de Treviño como parte del territorio burgalés.
"El mapa territorial de España está completamente cerrado", ha afirmado el portavoz autonómico, que ha añadido que la Junta continuará defendiendo "con toda firmeza los intereses de Castilla y León y la integridad de la comunidad".
La pregunta del PNV en el Congreso
El debate volvió este miércoles al Congreso de los Diputados a raíz de una pregunta formulada por el diputado del Partido Nacionalista Vasco Mikel Legarda al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Legarda preguntó por la posibilidad de que los habitantes del enclave pudieran decidir su futuro mediante un referéndum sobre una eventual incorporación a Álava. La cuestión del Condado de Treviño ha sido objeto de debate político e institucional durante décadas debido a su situación geográfica. Aunque pertenece administrativamente a la provincia de Burgos y a Castilla y León, el enclave está rodeado por territorio de Álava, en el País Vasco.
Durante la sesión parlamentaria, el ministro Ángel Víctor Torres respondió que una consulta de estas características es "jurídicamente posible", aunque precisó que requiere una serie de condiciones y trámites administrativos previos.