La colaboradora de televisión Aída Nízar ha dado un paso firme en su ofensiva judicial contra el entorno del extinto programa Sálvame, solicitando penas que alcanzan los cinco años de prisión para diversos responsables vinculados a la productora La Fábrica de la Tele y a Mediaset España. Según desvela El Confidencial Digital, esta petición se enmarca en un complejo procedimiento judicial centrado en la presunta revelación de secretos, derivado del acceso no autorizado a datos personales protegidos.
Según el escrito de acusación presentado ante el Tribunal de Instancia, Sección Civil, la representación legal de Nízar sostiene que los acusados obtuvieron información reservada de los archivos de la Dirección General de la Policía sin el conocimiento ni el consentimiento de los afectados, una práctica que presuntamente se prolongó de forma sistemática entre los años 2009 y 2018.
El documento detalla que esta información sensible no solo fue obtenida de manera ilícita, sino que fue utilizada posteriormente con fines informativos y económicos en distintos espacios producidos por La Fábrica de la Tele, lo que a juicio de la acusación supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor de las personas implicadas. Entre los señalados figuran nombres clave de la estructura del programa, como el periodista Gustavo González y el exagente de policía Ángel Jesús Fernández Hita, además de diversos directivos y responsables editoriales que habrían participado en la gestión de estos contenidos.
La gravedad de los hechos ha llevado a la acusación particular a imputarles un delito continuado de revelación de secretos y, en casos específicos, delitos de cohecho. Las penas solicitadas son especialmente severas para los principales sospechosos: nueve años de prisión para Fernández Hita y ocho años para Gustavo González, de los cuales cinco corresponden a la revelación de secretos y tres al cohecho, mientras que para el resto de los implicados de la cúpula editorial se reclaman cinco años de cárcel.
Este caso no es un evento aislado, sino que se integra en el contexto de la conocida Operación Deluxe, una macroinvestigación que ha sacudido los cimientos de la televisión en España al destapar una supuesta red de espionaje a celebridades. La trayectoria judicial de La Fábrica de la Tele ha estado marcada por múltiples frentes, incluyendo sentencias previas por despido improcedente, como la de Antonio David Flores, y condenas por vulneración al honor en otros casos mediáticos.
En esta ocasión, además de las penas privativas de libertad, la defensa de Aída Nízar reclama una indemnización solidaria de 60.000 euros en concepto de responsabilidad civil para resarcir los perjuicios derivados de la difusión de su información privada, señalando a Mediaset y a la productora como responsables civiles directos. El proceso judicial, que contempla como pruebas el interrogatorio de los acusados y la declaración testifical de la propia Nízar, continúa su curso mientras el tribunal evalúa estas conclusiones provisionales que ponen en jaque el modelo de periodismo de espectáculos desarrollado por la cadena durante casi dos décadas.