La Generalidad de Cataluña sigue sin esclarecer de dónde ha salido el brote de peste porcina africana detectado en Collserola y que ha puesto en jaque a la industria porcina de todo el país. Según ha asegurado el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, los informes de los técnicos de la Comisión Europea, del Ministerio de Agricultura y de la auditoría encargada por el propio Govern concluyen que no existen "evidencias" ni "indicios" de que el virus tuviera su origen en el laboratorio de alta seguridad del IRTA-CReSA, ubicado en Cerdanyola del Vallès.
Ordeig ha afirmado que el informe de los técnicos de la CE y del Ministerio sostiene que "no hay evidencia ni indicios" de que el origen del virus sea el CReSA, ya que tanto sus instalaciones como sus protocolos "están bien", y "avalan las actuaciones hechas hasta ahora".
El consejero añadió que la auditoría independiente encargada por la Generalidad, aún pendiente de cerrar por la solicitud de documentación adicional, apunta "en la misma dirección", tal y como ya avanzó el presidente Salvador Illa durante su comparecencia a petición propia en el Parlamento catalán: los protocolos fueron correctos y no existen fallos estructurales que permitan señalar al laboratorio como causante del brote.
Instalaciones bajo la lupa… y en obras
El IRTA-CReSA es una instalación de alta bioseguridad donde se investigan patógenos animales de alto riesgo. Todas las sospechas apuntaron a ese laboratorio cuando el análisis del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), uno de los laboratorios de referencia de la Unión Europea, indicó que el virus procedía de la misma cepa con la que se estaba investigando en el laboratorio que depende de la Generalidad catalana, en el que, además, se están llevando a cabo obras de ampliación, con el consiguiente aumento del riesgo de fugas.
Precisamente, este jueves un equipo conjunto del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra ha entrado en las instalaciones del laboratorio sospechoso de haber causado la epidemia con una orden de registro emitida en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès.
Veinticuatro horas más tarde, mientras los ganaderos siguen pidiendo transparencia, el Govern cierra filas y descarta cualquier posible responsabilidad en los cuantiosos daños económicos provocados a los productores de porcino. Con la hipótesis del bocata envenenado en la recámara, el Ejecutivo de Illa se escuda en los informes que ratifican, según afirma, que ni las instalaciones ni los protocolos del laboratorio pueden ser responsabilizados del brote.