La imagen de un país entero a oscuras dejó de ser un ejercicio de ficción cuando el gran apagón de abril de 2025 paralizó buena parte de la Península Ibérica. Durante horas, semáforos, trenes, ascensores y pasarelas de pago se detuvieron, y las redes móviles comenzaron a fallar en cuanto se agotaron las baterías de las antenas. Aquel episodio funcionó como un ensayo general de hasta qué punto la sociedad depende no solo de la corriente eléctrica, sino también de unas telecomunicaciones que, en cuanto falta la electricidad, desvanecen con rapidez inquietante la sociedad digital del siglo XXI.
El nuevo decreto y la promesa de una red "resiliente"
En este contexto se sitúa el nuevo borrador de Real Decreto sobre seguridad y resiliencia de las redes de comunicaciones electrónicas. El Gobierno pretende obligar a las operadoras a garantizar, como mínimo, cuatro horas de servicio móvil para al menos el 85% de la población en caso de apagón, y fija autonomías mayores para infraestructuras consideradas críticas. El objetivo declarado es construir una "Internet resistente a apagones" que permita mantener servicios esenciales incluso cuando la red eléctrica colapse… por cualquier motivo.
Ucrania y la guerra contra la electricidad
Ya hemos presenciado en Ucrania cómo un país depende de las telecomunicaciones y cómo el enemigo sabe que el objetivo principal es atacar las centrales eléctricas. No se necesita bombardearlas todas; solo con una o dos de las principales, la red eléctrica se desestabiliza y se cae por completo.
Telecomunicaciones: infraestructura básica
Desde hace ya varias décadas, las telecomunicaciones están reconocidas como una infraestructura tan básica como el agua o la luz. Si las llamadas de emergencia, la coordinación de las fuerzas de seguridad o la transmisión de alertas dependen del móvil, resulta lógico exigir que las redes sobrevivan durante un tiempo razonable sin suministro eléctrico. En escenarios de catástrofes naturales, ciberataques o guerras, esa capacidad puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el caos.
El coste real: baterías que pagaremos todos
Sin embargo, el decreto abre una serie de debates que van más allá de la pura ingeniería. Por un lado, está el coste. El Gobierno calcula que adaptar las redes requerirá entre 51 y 73 millones de euros, pero las operadoras señalan que la cifra real puede ser muy superior, sobre todo en áreas urbanas densas donde no es sencillo instalar grupos electrógenos o baterías adicionales. Desde mi humilde experiencia en el sector, con más de veinticinco años como ingeniero de telecomunicaciones y en electrónica, la cifra del gobierno me parece sacada de la coctelera de alguien que va ya muy cargado en la madrugada. El problema es que esa inversión acabará trasladándose a tarifas más altas para los usuarios. En definitiva, las baterías las pagaremos entre todos.
Cobertura desigual y nueva brecha territorial
Por otro lado, la norma admite que la cobertura de emergencia no será uniforme. La obligación se mide en porcentajes, no en direcciones concretas. En la práctica, las compañías decidirán qué zonas y qué tecnologías priorizar. Es probable que las áreas con mayor densidad de población reciban más refuerzos que los entornos rurales. La resiliencia puede introducir así una nueva brecha territorial en situaciones de crisis.
Errores técnicos graves del decreto
Además, el decreto demuestra un absoluto desconocimiento del funcionamiento del sistema de telecomunicaciones móviles. Primero, insta a priorizar el servicio de voz sobre el de datos, cuando hoy toda la voz corre sobre datos. O se alimenta una estación base y hay voz y datos, o no se alimenta y no hay nada.
Segundo, ignora que las tecnologías móviles funcionan con celdas de extensión variable. Una antena puede cubrir varios kilómetros cuadrados, lo que permitiría a los operadores poner baterías a una sola antena y "cubrir el expediente". El resultado real sería un colapso de la red, incapaz de atender a todos los móviles del área automáticamente expandida.
Un apagón digital con sobrecoste
En definitiva, el decreto es un bulo. Una mentira. Solo se aguanta sobre el papel. La realidad técnica implica que, o se destina una verdadera suma de dinero a equipar toda la red, o cuando haya apagón el sistema será igual a no tener nada. Apagón digital, eso sí, después de gastar millones y subir tarifas. A esto yo lo llamo hacer las cosas mal.
El decreto se justifica también por un entorno internacional más inestable y por la posibilidad de conflictos híbridos. Esta retórica, que alude a la eventual Gran Guerra que nuestros gobernantes no cesan en mencionar, muestra hasta qué punto la seguridad digital se incorpora al lenguaje de la defensa.
Prepararse para lo peor… sin estar preparados
En definitiva, el país se prepara para gestionar crisis extremas. El apagón de 2025 reveló la fragilidad de la sociedad conectada. El nuevo decreto pretende corregirla, aunque probablemente no nos daremos cuenta de que no funciona hasta que sea demasiado tarde.