El Instituto Cervantes, que depende del Ministerio de Exteriores, ha utilizado su Anuario 2025, titulado El español en el mundo, para lanzar la agenda política woke, socialista y guerracivilista cargando, entre otras cosas, contra la Constitución Española de 1978, texto que sustenta el régimen democrático actual y sostén de la Transición.
El anuario del Instituto Cervantes, que tradicionalmente ha sido una obra de referencia sobre la situación del español en el mundo, incorpora este año contenidos de carácter político e ideológico, vinculando el idioma con conceptos como "valores democráticos", "patriarcado" o "desigualdad de género".
Durante la presentación, el director académico del Instituto, Álvaro García Santa-Cecilia, llegó a calificar la Constitución como un texto "androcéntrico y excluyente", argumentando que su redacción refleja un "déficit democrático estructural". Estas afirmaciones fueron escuchadas con atención por el ministro Albares, que respaldó el enfoque del informe y destacó el papel del español como "vehículo de los valores democráticos".
En la misma línea, García Montero defendió el nuevo rumbo del Cervantes, señalando que el idioma "no solo sirve para comunicarse, sino también para promover una visión ética y democrática del mundo".
En uno de los capítulos del informe, los catedráticos Ruth Rubio Marín (Universidad de Sevilla) y Octavio Salazar Benítez (Universidad de Córdoba), colaboradores de los digitales de extrema izquierda El Diario y Público, respectivamente, afirman que la Carta Magna "nació con un déficit democrático" y que "carece de plena legitimidad democrática" por haber sido elaborada en un contexto "patriarcal" que invisibilizó a las mujeres.
El documento, presentado el pasado martes en Madrid por el director del Cervantes, Luis García Montero, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, enmarca esta afirmación dentro de un artículo titulado El poder de las palabras: género, Constitución y ciudadanía, en el que se acusa al texto constitucional de haber sido fruto de un "pacto de caballeros" y de estar redactado con un lenguaje "androcéntrico".
El lenguaje inclusivo como bandera política
El artículo sostiene que la Constitución "es un texto patriarcal" y denuncia el uso del masculino genérico, que –afirman los autores– "identifica lo masculino con lo universal". A su juicio, este uso del idioma supone una estrategia política "androcéntrica" que debe ser revisada, por lo que reclaman y proponen una reforma constitucional que incorpore lenguaje inclusivo y una redefinición de la democracia "en clave paritaria": "se propone por ello una reforma constitucional que incorpore derechos sexuales, de cuidado y de identidad de género".
Rubio Marín asegura que la Constitución "reconoce una igualdad formal", pero "invisibiliza totalmente a la mujer como sujeto político". También lamenta que el texto solo mencione a las mujeres en "ámbitos domésticos o de cuidado", con un "tono paternalista", y defiende que una verdadera democracia debe "nombrar a todas las personas por igual". Su propuesta pasa por revisar el texto "para avanzar hacia una democracia inclusiva y paritaria".
El anuario califica a la Carta Magna de "machista" y "estructuralmente desigual", y llega a afirmar que su lenguaje refleja "una sociedad donde las mujeres no estaban representadas".
Un ataque velado a la Real Academia Española
La defensa del lenguaje inclusivo en el anuario se presenta, además, contra la Real Academia Española (RAE), que en un informe de 2020 ya concluyó que el lenguaje de la Constitución es plenamente inclusivo sin necesidad de desdoblamientos ni artificios lingüísticos.
El Cervantes cuestiona ahora aquella postura y critica que la Academia "insista en el carácter inclusivo del masculino", en lo que algunos observadores interpretan como un nuevo episodio del enfrentamiento entre Luis García Montero y la RAE, cuyo presidente, Santiago Muñoz Machado, ha mantenido posiciones independientes del Ejecutivo.
La publicación coincide con los reiterados ataques de García Montero a su homólogo de la Academia, y que se ha interpretado como un intento de asalto de Moncloa a la RAE.