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De abogados catalanes e inquisiciones castellanas

La revista del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona ha rehusado publicar esta carta, que Javier Nart y yo enviamos hace quince meses.

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En el número de mayo de 2014 de Món Jurídic, revista del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, se publicó una carta de un colegiado juzgando poco ejemplar al dominico san Raimundo de Peñafort para ser considerado patrón de los abogados catalanes, dado su esencial papel en el establecimiento de la Inquisición en el reino de Aragón. La respuesta de la revista consistió en una reivindicación del santo catalán y una sutil mención a Castilla como la región predominantemente inquisitorial.

Javier Nart, recién elegido eurodiputado, me comentó el asunto y decidimos escribir una carta al alimón, carta que fue enviada a Món Jurídic. Habiendo transcurrido quince meses sin que se haya publicado, la traemos aquí para demostrar, una vez más, la omnipresente intoxicación ideológica nacionalista y el cerrojazo a las voces discordantes.

En referencia a la carta de D. Albert Rodulfo Giménez, publicada en el número de mayo, sobre su rechazo a que san Raimundo de Peñafort sea el patrón de los abogados catalanes, cabría señalar que pretender culpar en el siglo XXI a un hombre del XIII, introductor de la Inquisición en el reino de Aragón, por las ideas propias de su tiempo sería tan absurdo como condenar al ostracismo histórico a Carlomagno por no haber instituido el sufragio universal o a Julio César por no haber respetado el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Respecto a la respuesta de Dª Cristina Gómez Nebrera, diputada responsable de la Biblioteca del ICAB, culminada con la habitual excusa de culpar de todo mal a los eternamente perversos españoles recordando que "las actuaciones políticas de la inquisición se desarrollaron sobre todo en Castilla durante los siglos XVI y XVII", sería conveniente tener presente que el fenómeno inquisitorial, lejos de ser cosa de castellanos, fue universal en una Europa caracterizada precisamente por las guerras de religión. Al reino de Aragón, por cierto, llegó dos siglos antes que a Castilla. Y en todos los países europeos gozaron de instituciones semejantes, incluidos unos países protestantes que, aunque no suela recordarse, provocaron muchos más muertos por intolerancia religiosa y superstición que los católicos. Recuérdese, por ejemplo, a Calvino y Miguel de Servet.

Esa imagen, tan arraigada entre nosotros tras un siglo de propaganda nacionalista, de unos castellanos intolerantes y fanáticos frente a unos catalanes librepensadores casa mal con la realidad de unos hechos comprobables en cualquier libro serio de historia. Porque la Cataluña medieval y moderna no se distinguió ni del resto de España ni de la Europa de su tiempo. Por ejemplo, el mayor pogromo de la España medieval, el de 1391, acabó con la vida de miles de judíos catalanes, sobre todo en Gerona, Lérida, Perpiñán y Barcelona, ciudad que se destacó por haber aniquilado prácticamente toda su comunidad hebrea. En 1348 Cataluña también se había distinguido por su furia antijudía al acusar a los hebreos de ser los causantes de la peste negra, lo que desembocó en grandes matanzas sobre todo en Tárrega, Cervera, Gerona y Barcelona. La misma legislación antijudía que se dictó en Castilla se dictó en Aragón. Por ejemplo, en su Regiment de la cosa pública (1392), Francesc Eiximenis aconsejó que, por cometer idolatría en tierra de cristianos, los judíos "sean perseguidos y expulsados del mundo por ser los principales enemigos de la comunidad".

Finalmente, recuérdese que en tiempos mucho más cercanos, en 1827, decenas de miles de catalanes malcontents se alzaron en armas para protestar contra los ministros liberales de Madrid y reclamar la reinstauración de la monarquía absoluta… y de la Inquisición.

Está claro que nada de esto encaja en la fábula imperante, pero convendría ir dándose cuenta de que el nacional-narcisismo, además de un inmenso error histórico, es de una cursilería insoportable.

Javier Nart, col. nº 8.263 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, y Jesús Laínz, col. nº 2.036 del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria.

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