El PP ha lanzado una ofensiva parlamentaria sin precedentes para fiscalizar los contratos de Defensa que el Gobierno de Pedro Sánchez está adjudicando sin concurso, es decir, a dedo, desde el pasado mes de septiembre. Los populares denuncian que se ha abierto una vía de gasto público de enorme magnitud sin transparencia, criterios claros ni garantías de capacidad industrial real por parte de las empresas beneficiadas.
El principal foco de preocupación del PP se sitúa en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, en el que el Ejecutivo ha comprometido ya más de 34.168 millones de euros, pese a que todavía quedan nueve contratos pendientes de formalizarse. Los populares acusan al Gobierno de aprovechar la ausencia de Presupuestos para firmar compromisos a una década vista sin control parlamentario real.
Con este movimiento el Ejecutivo se ha quitado un problema de encima. Tras la aprobación del Plan Sánchez para la Defensa, el gran reto del Gobierno era no morir en la maraña administrativa por falta de personal burocrático que sacase adelante las licitaciones de los programas. Entregándoselo a las grandes empresas para que repartan a dedo el trabajo, el departamento de Margarita Robles ha acabado con el problema.
Desde el PP alertan de que la adjudicación directa sin concurrencia competitiva pone en riesgo la seguridad jurídica y la soberanía tecnológica española. Consideran que el Gobierno está asignando programas críticos sin comprobar de forma rigurosa si las empresas adjudicatarias disponen de capacidades industriales suficientes para responder a las exigencias de un sector donde los plazos y la solvencia técnica son determinantes.
Las críticas se agravan por el papel central que están desempeñando Indra y Escribano EM&E, cuya relación empresarial podría intensificarse si finalmente se consuma la posible compra de Escribano EM&E por parte de Indra. Los populares temen que el Ejecutivo, a través de SEPI y Hacienda, esté facilitando una posición dominante en la industria de defensa nacional sin garantías de competencia real.
Indra es ya, según el PP, la empresa más beneficiada por las decisiones del Ministerio de Defensa. Ha recibido 5.959 millones en prefinanciación, el 41,7 por ciento del total de préstamos, de los que 3.169 millones corresponden a proyectos adjudicados junto con Escribano EM&E mediante una UTE. Estas cifras podrían aumentar de manera sustancial cuando se conozcan los importes aún pendientes de los siete contratos por decidir.
En este contexto, los populares han presentado una batería de iniciativas que incluyen la comparecencia urgente de la ministra Margarita Robles para aclarar las adjudicaciones de 22 programas asignados al grupo Escribano EM&E. También reclaman explicaciones del ministro Jordi Hereu por los criterios que justifican los multimillonarios préstamos directos concedidos a la UTE formada por Indra y EM&E.
El PP quiere además que el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, aclare si el organismo ha detectado movimientos especulativos en torno a Indra, cuya cotización ha subido un 23 por ciento en solo diez sesiones. Los populares consideran que esta evolución bursátil, unida al volumen de contratos adjudicados, hace imprescindible un análisis exhaustivo para despejar cualquier sombra de irregularidad.
Junto a las comparecencias, el PP ha registrado preguntas orales y escritas para obligar al Gobierno a detallar los criterios de selección de empresas, los informes de idoneidad realizados y las razones para adjudicar programas estratégicos sin concurrencia competitiva. El partido sostiene que nunca antes se habían manejado cifras tan elevadas con tan poca transparencia, y advierte de que continuará vigilando cada movimiento del Ejecutivo.