La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha cargado contra el Ministerio de Defensa por mantener congeladas las ayudas del programada de Acción social destinadas al personal de las Fuerzas Armadas. La asociación ha señalado directamente a la ministra Margarita Robles y ha denunciado que los criterios económicos continúan sin revisarse, pese al encarecimiento de precios y la pérdida de poder adquisitivo.
La asociación dice que los límites de renta que permiten acceder a estas ayudas llevan tres años sin actualizarse y que esta situación ha provocado que militares que han experimentado leves incrementos salariales queden fuera del sistema, aunque su situación económica real no haya mejorado. A su juicio, el diseño actual termina penalizando especialmente a la tropa y marinería.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la UMT ha detallado que los baremos permanecen invariables desde 2023 y ha advertido de que la falta de revisión deja fuera a perfiles que objetivamente necesitarían apoyo. La asociación ha considerado que la política del departamento que dirige Robles supone un bloqueo de facto de unas ayudas concebidas para respaldar situaciones delicadas.
La crítica no se limita a los requisitos económicos. La UMT cuestiona también la dotación presupuestaria del subprograma de Acción Social, que ronda los 1,9 millones de euros para todo el territorio nacional. Mantener esa cifra sin incrementos en un contexto inflacionista, han sostenido, reduce en términos reales el alcance y la eficacia del sistema.
La asociación ha contrapuesto que, mientras las partidas destinadas al bienestar de los militares, especialmente de tropa y marinería, permanecen estancadas, los anuncios de aumento de gasto en defensa y los compromisos con nuevos programas de armamento no paran de anunciarse. "No se puede exigir más sacrificios sin reforzar el apoyo interno", han sostenido.
La UMT ha anunciado que presentará recursos administrativos y reclamará una actualización urgente tanto de los límites económicos como de la dotación presupuestaria. También ha exigido que los criterios se ajusten al coste de la vida y que el Ministerio de Defensa rectifique cuanto antes.