La inversión en defensa se ha convertido en protagonismo central en la agenda del Gobierno en los últimos dos años. No ha sido por convicción o por decisión propia, sino por la presión de organizaciones internacionales como la OTAN y la Unión Europea. España ha destinado el 2 por ciento de su PIB a defensa –la cifra pactada en el seno de la Alianza Atlántica en 2014- y por primera vez en su historia forma parte del top 15 mundial en gasto militar.
La llegada de nuevo dinero y, sobre todo, de lo que parece ser una referencia presupuestaria estable, algo que venían exigiendo los militares desde hace décadas y que los políticos veían con buenos ojos pero nunca pactaban, va a permitir a las Fuerzas Armadas dotarse de nuevas capacidades militares, además de ir recuperando algunas de las perdidas en las décadas de estrecheces económicas y de ir renovando sistemas que van terminando su vida operativa.
En esa línea se aprobó en 2025 el denominado Plan Industria y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que dio luz verde a una treintena de Programas Especiales de Modernización (PEM) para las Fuerzas Armadas. Este año se estaba esperando la aprobación de un plan similar que marca la senda de los nuevos objetivos y capacidades militares a reforzar con la asignación anual para la Defensa.
El Gobierno había avanzado en las últimas semanas que se encontraba ultimando los nuevos programas y que iba a hacerlos públicos en cuestión de semanas, pero ya se puede acceder a buena parte de su contenido a través de la página web del Ministerio de Industria. Y es que las direcciones URL de los tres nuevos decretos han sido filtradas este jueves en un conocido foro militar de internet.
Los borradores corresponden a tres reales decretos en fase de consulta pública que articulan la concesión de préstamos reembolsables a empresas del sector defensa para el desarrollo de nuevos sistemas de armas y tecnologías asociadas. El esquema mantiene el modelo utilizado el año pasado en los programas estratégicos, donde el Estado financia el desarrollo industrial y recupera la inversión en función del cumplimiento de hitos técnicos y de producción.
Uno de los ejes centrales del paquete es la modernización naval, con especial protagonismo para la participación española en el programa de la nueva corbeta europea (European Patrol Corvette). El proyecto, en el que tiene un papel clave Navantia, busca desarrollar una nueva generación de buques de patrulla de media envergadura orientados a vigilancia marítima, control de rutas y operaciones en escenarios de baja y media intensidad.
Junto a ello, se contempla la modernización de la flota de superficie de la Armada, un concepto amplio que incluye la actualización de fragatas, sistemas de combate, sensores y redes de mando y control. El objetivo es reforzar la interoperabilidad con aliados de la OTAN y avanzar hacia un modelo de buques más digitalizados y conectados en tiempo real con otros vectores de combate.
El tercer bloque naval afecta a los cazaminas clase Segura, que entran en un proceso de actualización tecnológica para prolongar su vida operativa. El programa prevé mejoras en detección de minas, integración de sistemas no tripulados y reducción de la exposición de las tripulaciones en misiones de guerra de minas, un ámbito donde la automatización gana cada vez más peso.
En paralelo, el paquete incluye un ambicioso programa de misiles que afecta a sistemas como Taurus, IRIS-T y NSM. Estas capacidades se orientan tanto a la defensa aérea como al ataque de precisión y la guerra antibuque, con integración en plataformas aéreas y navales. El objetivo es aumentar la capacidad de disuasión en escenarios de alta intensidad.
Otro de los elementos más destacados es la incorporación de sistemas C-UAS, destinados a la lucha contra drones. Estos sistemas combinan sensores avanzados, guerra electrónica y soluciones de interceptación para proteger infraestructuras críticas, bases militares y unidades desplegadas. Se trata de una de las prioridades actuales de la OTAN tras la proliferación de drones en conflictos recientes.
La guerra electrónica constituye otro de los pilares del plan, con inversiones orientadas al control del espectro electromagnético y a la capacidad de interferir comunicaciones y radares enemigos. Este tipo de capacidades se consideran hoy un elemento clave en los escenarios multidominio, donde la superioridad informativa resulta tan relevante como la potencia de fuego convencional.
El tercer real decreto introduce además una dimensión industrial transversal, centrada en la digitalización de la defensa. Incluye el uso de inteligencia artificial, fabricación aditiva, robótica avanzada y sistemas de simulación para mejorar tanto la producción como el mantenimiento de los sistemas militares.
Los programas se articulan mediante préstamos a empresas tractoras del sector defensa, con un papel destacado de grandes grupos industriales y compañías tecnológicas nacionales. El Ministerio de Industria actúa como entidad financiera, mientras que el Ministerio de Defensa define las necesidades operativas y certifica el cumplimiento de los objetivos militares de cada programa.
Curiosamente, Navantia es la única empresa que aparece mencionada. Lo hace en el primero de los tres borradores de real decreto, el dedicado a la modernización naval. En los otros dos borradores no se menciona ninguna empresa, sino que se emplean expresiones genéricas como "empresas que sean determinadas por el Ministerio de Defensa", o "empresas tractoras", o "beneficiarios de préstamos".