Culpables de ser testigos

Los diarios se resisten a dar por muertos a los cuatro periodistas desaparecidos el lunes en Afganistán –entre ellos, el reportero de El Mundo, Julio Fuentes– y mantienen abierta, a la espera de confirmación oficial, una rendija a la esperanza en sus titulares. No obstante, y pese a la ilusión de sus deseos, el propio El Mundo destaca que al conductor del vehículo donde viajaban y que se dio a la fuga tras el ataque de un grupo de hombres armados, le dio tiempo a contemplar como los periodistas eran llevados a la fuerza detrás de unas rocas y a escuchar después varios disparos.

Además del editorial y el amplio reportaje que la redacción de El Mundo dedica a la figura de su compañero, el resto de los periódicos –salvo El País– también dedican algún editorial a la noticia con la que abren todas las portadas. Como resalta el diario ABC, el número de bajas entre los informadores destinados en Afganistán supera al registrado entre las tropas aliadas, “un dato revelador del riesgo que han de asumir los periodistas en una guerra que no distingue entre actores y testigos de excepción, y en donde no hay espacios reservados a la seguridad”.

Los otros frentes informativos que aborda la prensa de este martes son, entre otros, el juicio por los fondos reservados y el aparente intento del PP de incluir a Batasuna en la lista de organizaciones proterroristas de la Unión Europea.

El Mundo destaca en portada las declaraciones de la secretaria de Felipe González, quien reconoció ante el juez haber dispuesto de 28 millones de pesetas de los fondos reservados, para decir acto seguido que sólo ella sabía el destino del dinero y en que se gastó. El editorial de este diario destaca la forma confusa con la que Pilar Navarro explicó que una parte de este dinero se destinaban a gastos de seguridad del entonces presidente del Gobierno, lo que el diario considera poco verosímil pues para esos menesteres hay otras partidas en el Presupuesto. Para La Razón, que lleva en portada la “expectación” que despierta la participación este martes en el juicio del ex presidente del gobierno, la declaración de Pilar Navarro “dejó el terreno perfectamente abonado para que hoy González pueda alegar ignorancia y, como ha sucedido en otros casos y en otras comparecencias, manifestar ante la justicia que nunca supo nada de las presuntas irregularidades y delitos de los que se juzga a quienes mantuvo bajo sus órdenes”.


El Mundo, por otra parte, no alberga ninguna duda sobre la estrecha relación de complicidad que existe entre Batasuna y ETA, pero sí ve problemas jurídicos de su inclusión en la lista de organizaciones terroristas. “Porque estamos hablando –argumenta El Mundo- de una organización legal, que se presenta a las elecciones, tiene representación parlamentaria y recibe subvenciones públicas. ¿Cómo se puede plantear que la UE certifique que Batasuna es una organización terrorista si en España sus actividades son legales?”. No por estos obstáculos, queremos creer que El Mundo derive en posiciones claudicantes, pues finalmente anima a “impulsar las investigaciones policiales para que la Justicia logre desentrañar con pruebas el nudo que se establece entre el mundo de Batasuna”. Por lo menos El Mundo no ha salido esta vez con la cantinela de otras ocasiones de que “son las personas, no las organizaciones, las que delinquen”, como hizo gala con el cierre del diario Egin. Lo que es cierto es que el Gobierno Aznar no puede recurrir a Bruselas para acometer, como imperativo europeo, lo que debería ser el resultado de su propio coraje moral y legal para acabar con el terrorismo. La secuencia lógica pasa, primero, por la ilegalización aquí de Batasuna, luego por pedir ayuda a Europa.

ABC, no obstante, considera que “las reservas jurídicas de orden interno sobre la inclusión de Batasuna y demás tramas de ETA resultan desproporcionadas si se atiende a que es una actuación en el marco de la acción política europea contra el terrorismo y que se realiza a requerimiento de las instituciones comunitarias”. Lo que es desproporcionado no es señalar el sinsentido jurídico y lógico que supone pedir a la UE que considere como banda terrorista a una organización a la que las autoridades españolas financian a cargo del contribuyente, sino plantear a estas alturas reservas jurídicas para no proceder a la ilegalización de la organización. Y esto último no puede ser un requerimiento de Bruselas, sino del PP o del PSOE. Por mucho que escuezan los complejitos de nuevos demócratas.