Indicios clamorosos

La querella presentada por la Fiscalía en la que se acusa de prevaricación a tres magistrados por facilitar deliberadamente la fuga del narcotraficante Ruiz Santamaría es la noticia más destacada de todas las portadas y objeto de comentario editorial en todos los periódicos.

Todos los diarios ponen de manifiesto que la Fiscalía General del Estado ha optado por la más grave de las reacciones legales, la prevaricación dolosa, contra los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Aunque todos ven justificado el escándalo provocado en la opinión pública por la decisión de dejar en libertad bajo una pírrica fianza a El Negro pese a los evidentes riesgos de fuga, la mayoría de los editorialistas ponen un especial empeño en destacar lo difícil que será probar que los magistrados la acordasen a sabiendas de que era injusta. No obstante, ninguno puede de dejar de señalar que a la cantidad de la fianza –ridículamente exigua como para creer que pudiese ser un factor que disuadiese la fuga– se suma el hecho de que los jueces dejaron en libertad al narcotraficante antes incluso de que hiciera entrega de ella.

El Mundo también destaca otro hecho que hace aún más sospechosa la actitud de los magistrados ahora imputados: Mientras el seis de julio denegaron la libertad al narcotraficante por “subsistir un importante riesgo de fuga”, menos de seis meses más tarde y pese a la proximidad del juicio y de persistir el riesgo de fuga, lo ponen en libertad basándose en un informe psiquiátrico que recomendaba tratamiento ambulatorio. Independientemente de la probidad de ese informe médico, había muchas otras medidas para atenderlo sin correr los riesgos de fuga que supone dejar al acusado en libertad con la única obligación de presentarse ante vigilancia cada quince días. Por otra parte, todos los editoriales silencian otro hecho también escandaloso como es que la Sección Cuarta excarcelase a Ruiz Santamaría sin oír antes al fiscal.

El Mundo, no obstante, señala que “si no apareciera un móvil económico, habría que entrar en un terreno psicológico, todavía más difícil de probar”. A pesar de que este diario sigue siendo el único en destacar otro hecho sumamente relevante como es que la misma Sala otorgó una temeraria libertad bajo una irrisoria fianza a otra imputada en la “operación Temple”, su zigzagueante editorial concluye diciendo que tampoco cabe descartar que la clara antipatía gubernamental –expresada por Rajoy en el momento menos oportuno– hacia unos magistrados poco beligerantes con el entorno de ETA hayan influido en la dureza de la iniciativa de la Fiscalía”.

Como se muestra en este último párrafo del editorial de El Mundo, las sandeces a las que lleva la “corrección política” no tiene límites. Por un lado se asume que los partidos políticos nombren, como en un reparto de cromos, los miembros de los máximos órganos judiciales; mientras que, por otro lado. se considera una injerencia inoportuna el que un ministro critique la labor absolutamente escandalosa e irresponsable de algunos jueces.

Más ambiguo incluso es el editorial de ABC. Para este diario “la excarcelación de Ruiz Santamaría fue un escándalo sin paliativos. Un brutal error judicial. Un golpe a la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Y la gota que colmó el vaso de la paciencia con una Sección dedicada –con la oposición de uno de sus magistrados- a excarcelar a los terroristas que encarcelaba Garzón. Pero equivocarse no es prevaricar, menos aún prevaricar de forma consciente”. Lo cierto es que con esta perogrullada –y refiriéndose a una imputación, no a una sentencia- ABC no es que insinúe que haya falta de pruebas, sino que ni siquiera admite que haya indicios de dolo -ni siquiera de negligencia judicial- en la fuga del narcotraficante. Poco se puede esgrimir ante semejante ceguera voluntaria. Lo único, destacar la contradicción que supone sembrar de dudas la conveniencia de esta imputación y, a renglón seguido, reivindicarla como precedente a extender a otros escándalos que protagoniza nuestra administración de Justicia: “El fiscal ha sentado un precedente de actuación que será mucho más creíble, jurídica y socialmente, si se traslada a todos los casos en que la Justicia escandaliza a la sociedad. Por ejemplo, cuando un juez de vigilancia penitenciaria concede un permiso a un preso o cuando un juez de instrucción desatiende las denuncias de una mujer, primero maltratada y luego muerta”. Pues bien, poco favorecemos esa deseable extensión, si no respaldamos el precedente. No se trata de penalizar el simple error –que todos podemos cometer- sino de hacer responsables a los que los cometen y sancionar a los que tiene su origen en la negligencia. Ya es hora que los jueces no sean en esto una excepción. Mucho más cuando hay indicios de que el error es deliberado.

Mal podía negarse El País a ver los claros indicios de prevaricación en este caso, cuando secundó la validez de las pruebas de humo con las que se fraguó la condena al juez Gómez de Liaño. No obstante, su editorial tampoco da una clara bienvenida a la acusación: “El riesgo es que, por haber apuntado hacia una prevaricación dolosa de difícil prueba, la más que evidente negligencia pueda quedar sin sanción. Porque tampoco está claro que la conducta de los jueces encaje en algunos de los supuestos de responsabilidad disciplinaria que corresponde investigar al Consejo General del Poder Judicial”. El País, sin embargo, no explica porqué no se podría rebajar la imputación de prevaricación dolosa del artículo 446-3, en caso de ser rechazada, a la que recoge el artículo 447 que no requiere que la decisión judicial haya sido consciente y deliberadamente injusta. Es más: ¿Cómo “no está clara” la responsabilidad disciplinaria al editorialista que considera “más que evidente la negligencia”?. No nos referimos ya a la decision de excarcelación ni a la cuantía fijada en la fianza, que en el contenido de lo resuelto por los magistrados ciertamente la responsabilidad disciplinaria no podría entrar. ¿Pero tampoco en el procedimiento de decretar la libertad sin consultar al fiscal?, ¿Ni siquiera en el hecho de ejecutarla sin que previamente se entregara la fianza?.

La Razón es el único diario que abiertamente felicita al fiscal general del Estado por su diligencia, “una felicitación que, al menos por ahora, no puede extenderse a la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial que, a fecha de hoy, todavía no ha encontrado indicios para abrir un expediente y requiere de nuevas investigaciones”. Para este diario, sea cual sea la decisión del Supremo, “lo que parece evidente es que se han acumulado en este asunto demasiados errores en la actuación de la Sección Cuarta y a buen seguro el CGPJ podrá encontrar en el contenido de la querella datos que le permitan avanzar en su propia investigación y que, dentro de una semana, podrá adoptar una decisión propia”.