En el Parlamento andaluz se vivió ayer una de las tensas jornadas que se padecen a causa del caso de los ERE. Se trataba de que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, confirmara su afirmación de que la responsabilidad política de los ERE correspondía a dos exconsejeros socialistas de la Junta: José Antonio Viera y Antonio Fernández. Además, estaba el caso de su marido, cuyo despacho se había beneficiado por cobros inexplicados de casi medio millón de euros. Pero Aguayo no confirmó ni aclaró nada y se refirió a prácticas "pseudomafiosas" en el PP, que calificó su intervención de cínica y patética.
En una reciente entrevista en Canal Sur TV, Aguayo se refirió inequívocamente a la responsabilidad política de ambos exconsejeros en el caso de los ERE, lo que provocó un terremoto interno en el PSOE andaluz. Viera fue un apoyo decisivo de Alfredo Pérez Rubalcaba en Sevilla y Fernández, el primer consejero de la Junta encarcelado de la historia, es un factotum del clan de Alcalá y de la vieja guardia socialista de la provincia de Cádiz, íntimamente ligada a Manuel Chaves durante veinte años.
Pero Carmen Martínez Aguayo no quiso ayer repetir sus afirmaciones en televisión tras apelar a la libertad de expresión y de pensamiento que impera en el PSOE. Olvidó decir que el mismo día fue dejada a la intemperie por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tras señalar que no compartía la opinión de su consejera. Tras esa primera andanada crítica, se sucedieron otras muchas en el seno del PSOE.
Aguayo, relata El Mundo, compareció ayer ante el Parlamento de Andalucía, a petición del PP, para explicar las razones por las que dijo incluso que la responsabilidad de ambos exconsejeros era in vigilando, porque el ex director general, Javier Guerrero, estaba bajo su cargo y supervisión.
La negativa a confirmar lo que dijo de los exconsejeros y su propia responsabilidad política en el caso de los ERE, hizo que el PP pidiera su dimisión. Por su parte, Aguayo hizo público que ha presentado una querella contra el PP por acusarla de haber participado con su firma en una operación financiada por Guerrero con la partida 31L, la conocida como "fondo de reptiles".
Esta operación, de venta de fincas en Villanueva del Río y Minas y con la participación del socialista Ángel Rodríguez de la Borbolla, fue denunciada el día 10 por el presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, quien se ratificó en sus acusaciones días después a pesar de una petición notarial de la consejera para que lo hiciera. Ante su negativa, esta decidió denunciar al PP.
El PP puso en evidencia al marido de la consejera, Manuel Caramé, a quien acusaron de facturar al Ayuntamiento de Burguillos entre 2004 y 2008 más de 40.000 euros por informes urbanísticos que no existen y refieren, además, que su despacho percibió casi medio millón de euros por otros trabajos sin justificación, según destacó ABC.
Martínez Aguayo expuso ayer documentos para tratar de justificar que los trabajos que facturó su marido al Ayuntamiento de Burguillos están dentro de la legalidad. Pero la documentación aportada no contenía ninguno de los informes urbanísticos que realizo para el consistorio de Burguillos y que éste y el PP mantienen que no existen.
Martínez Aguayo aseguró que esos informes no son ficticios sino que están incorporados en el PGOU del municipio, por lo que acusó al PP de plantear una "información falsa".