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Guerrero coló a su suegra en un ERE de SOS Cuétara

El exdirector de Empleo de la Junta habría metido a su suegra y a cinco amigos más en un ERE de la empresa que ésta ni siquiera había pedido.

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El director de recursos humanos de la empresa SOS Cuétara durante el segundo semestre de 2003, E.R.G.M., explicó a los agentes de la Guardia Civil durante su declaración como testigo el 23 de diciembre de 2011 cómo era el control sobre los ERE que ejercían UGT, CCOO y la Junta. Hasta tal punto llegaba el control, que a su empresa se le concedió un ERE que ni siquiera había solicitado, ERE que aprovechó el ex director general Francisco Javier Guerrero para meter a su suegra y a cinco amigos como intrusos en el mismo. El Mundo afirma que fueron la Junta y los sindicatos los que inspiraron este ERE ya que la empresa ni pidió dinero ni lo necesitaba.

Según cuenta La Razón, en una reunión para tratar la reestructuración de personal en una de las fábricas estuvo presente Antonio Perianes, persona que tenía un cargo en la Federación de Alimentación de Comisiones Obreras –en la actualidad es secretario general de la Federación de Alimentación del sindicato–. Según consta en el informe de seguimiento elaborado por la UCO y remitido al juzgado de Instrucción 6, Perianes le hizo ver "que se están acometiendo procesos similares en otras empresas en Andalucía sin problemas". Esto es, les estaba hablando de un ERE que la empresa no había pedido.

El responsable de recursos humanos de SOS Cuétara, según su testimonio, "salió de la reunión con el convencimiento de que tanto por parte de los sindicatos, como por parte de la Junta de Andalucía, se favorecía el proceso del ERE".

Su antecesor en el cargo GUC declaró en sede policial el 28 de diciembre de 2011 exactamente lo mismo. Según su relato, "el presidente del comité de empresa de la planta de Alcolea le presentó a Antonio Perianes quien le dice que le puede poner en contacto con la Junta de Andalucía para que la reestructuración no fuese traumática y para buscar una solución para los trabajadores y para la empresa".

El directivo de SOS Cuétara asistió a una reunión con miembros de la Junta –sin especificar quiénes– y en la que también participaron el presidente del comité de empresa y Perianes. Allí, el Ejecutivo andaluz le trasladó que se comprometía a pagar el 90 por ciento del salario de los trabajadores que se despedían hasta que éstos alcanzaran los 65 años.

La Guardia Civil destaca naturalmente el hecho de que "la empresa no presentó ninguna solicitud de ayuda sociolaboral" y que "estaba dispuesta a pagar 45 días por año de servicio a cada una de las personas que se incluyeran en el ERE"; y que el Grupo SOS "era suficientemente solvente para la rescisión de los contratos sin necesidad de ayuda". Dicho de otro modo, la Junta y los sindicatos favorecían los intereses de la empresa, como en otros casos, que hubiera podido afrontar los despidos, en el caso de producirse.

Perianes, el responsable de alimentación de CCOO declaró ante los agentes que se limitó a mediar entre la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, la empresa y los trabajadores. Pero omitió el hecho de que la empresa no había presentado ninguna petición de ERE ni de ayuda.

A pesar de ello, hubo ERE en SOS Cuétara con los ya consabidos intermediarios, en este caso Vitalia, que realizó incluso dos estudios prejubilaciones "sin que la empresa lo solicitara".

Corrobora esta declaración la impresión de la juez Alaya de que el negocio de los ERE era realmente un negocio que beneficiaba a los sindicatos y a algunos empresarios que gracias a su mediación se ahorraban el desembolso en despidos. Finalmente, la Junta permitía "la ilícita disposición de fondos de la Administración, y los sindicatos e intermediarios, que seguirían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".

Suegra y amigos de Guerrero

En este expediente, Guerrero aprovechó para introducir a su suegra Victorina Madrid Pisabarro, pese a que nunca trabajó en la empresa. La póliza de rentas que suscribió ascendía a 124.455,57 euros. Luego suscribió una segunda por 75.324,63 euros.

El 18 de diciembre de 2003, el grupo SOS solicitó autorización para despedir a 34 trabajadores de las plantas de Andújar (Jaén) y Alcolea (Córdoba). La autoridad laboral en las provincias la ejercen los delegados de Empleo de la Junta, pero, al afectar a centros de trabajo de dos provincias, la competencia para autorizar el ERE recaía en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social; en Guerrero.

El 27 de febrero de 2004, éste autorizó la extinción de los 34 empleos. En cambio, el 4 de febrero ya había firmado un convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para financiar las prejubilaciones de dicha empresa. En el listado de trabajadores incorporado a ese convenio, que es un documento oficial de la Junta de Andalucía –pues lleva membrete, firmas y sello–, sí aparece el nombre de su suegra, pese a que nunca había trabajado en Sos-Cuétara.

Victorina Madrid tenía entonces 57 años y el acuerdo firmado por su yerno le garantizaba 1.300 euros al mes hasta cumplir 65 años. El 27 de febrero, cuando Guerrero autorizó el ERE, la mediadora Vitalia le informó por fax de que su suegra había sido prejubilada.

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