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La Audiencia estudia el viernes si excarcela a otros 12 etarras

Sumarían un total de 23 con los 11 que ha liberado desde que se produjo el fallo.

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Ya no hay margen de maniobra. El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará el próximo viernes 12 peticiones de excarcelación de etarras y dos de miembros del Grapo en cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo que anuló la doctrina Parot, tras haber dejado en libertad a once etarras desde que se notificó el fallo.

Y así la historia se repetirá -en principio- viernes tras viernes hasta liberar a todos los presos cuyas situaciones procesales fueran similares a la de la etarra Inés del Río. Más cincuenta etarras han solicitado ya a la Audiencia Nacional su puesta en libertad.

Entre los próximos recursos de ETA que estudiará el Pleno que dirige Fernando Garnde Marlaska están Antxon López Ruiz, Kubati, asesino de la terrorista arrepentida María Dolores González Catarain, Yoyes,y que acumula condenas de 1.210 años por 13 asesinatos y 8 atentados con muerte, así como la integrante del grupo Madrid Inmaculada Noble, condenada por el asesinato del comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas en 1986, entre otros atentados.

El resto de etarras cuya excarcelación será estudiada por los 17 magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal son Francisco Javier Lujambio Galdeano, Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, Pedro Juan Odraizola Aguirre, Juan María Gabirondo Agote, Pedro María Rezabal Zurutuza, Miguel Turrientes Ramírez, José Félix Zabarte Jainaga, María Josefa Urkudun Etxenagustia, Antonio Alza Hernández y Gonzalo Rodríguez Cordero. Todos ellos están condenados por delitos de asesinato:

Antonio López Ruiz, Kubati. Fue condenado a 1.076 años de prisión. Estaba al mando del grupo Goierri Costa de ETA y participó en el asesinato de seis personas, entre ellas, la ex etarra Dolores González Cataraín Yoyes, o el guardia civil Antonio Mateo Melero. Su salida de la cárcel está prevista para 2017.

Inmaculada Noble Goicoechea. Fue condenada a 325 años de prisión. Fue novia del sanguinario Iñaki de Juana Chaos desde la juventud hasta que éste conoció a Irati Aranzabal en prisión. Formó parte del grupo Madrid de ETA junto al propio De Juana y Soarez Gamboa. Se le atribuyen los asesinatos de tres policías nacionales y un guardia civil, así como la elaboración de informes para los asesinatos de los populares Carlos Iturgaiz y Leopoldo Barreda, y el exdirigente del PNV Xabier Arzalluz.

José Félix Zabarte Jainaga. Fue condenado a 298 años de prisión. Formó parte del grupo Vizcaya de ETA y él mismo reconoció ante las Fuerzas de Seguridad su participación en 15 atentados mortales, entre los que se incluyen dos policías municipales, un guardia jurado, un brigada de la Armada y un pescador de Lequeitio.

González Rodríguez Cordero. Fue condenado a más de 1.000 años de prisión. Entre su historial terrorista figura el atentado en la plaza de la Cruz Verde de Madrid en 1992, que costó la vida a cuatro militares y un civil, y el atentado en junio de 1993 en la calle Joaquín Costa de Madrid, en el que perdieron la vida siete militares.

Francisco Javier Lujambio Galdeano. Fue condenado a 54 años de cárcel. Participó en el asesinato de dos guardias civiles que cenaban en un bar de Goizueta (Navarra) en 1980 y en un atentado que costó la vida a dos agentes de la policía.

Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo. Fue condenado a 45 años a prisión por su participación en varios atentados terroristas contra vehículos de la Guardia Civil, tenencia de explosivos y el asesinato del subcomisario de Policía Agustín Ruiz Fernández de Retana, al que el grupo terrorista del que formaba parte disparó en la nuca por la espalda en julio de 1985 en Vitoria.

Pedro Odriozola Aguirre. Fue condenado a 30 años de prisión. Participó en un atentado contra un convoy de la Guardia Civil en Tolosa (Guipúzcoa) en 1979. Su salida de la cárcel está prevista para enero de 2018.

Juan María Gabirondo Agote. Fue condenado a penas de prisión por el asesinato del jefe de la Ertzaintza Genaro García de Andoain y por el secuestro del empresario Lucio Aguinagalde.

Pedro María Rezabal Zurutuza. Fue condenado a 30 años de prisión por delitos de pertenencia a banda armada, depósito de armas, tenencia de explosivos y estragos. Fue integrante del grupo Haizea de ETA. Su salida de prisión está prevista para 2016.

Miguel Turrientes Ramírez. Fue condenado a 54 años de cárcel. Participó en el asesinato de una persona y se le condenó también por otros delitos relacionados con el terrorismo como estragos, depósitos de armas o tenencia de explosivos. Su salida de prisión está prevista para 2016.

María Josefa Uzkudun Etxenagusia. Fue condenada a 50 años de prisión. Formó parte del grupo Gohierri Urola Kosta de ETA. Colocó junto a otros dos terroristas una bomba al paso de una patrulla de la Guardia Civil, aunque no llegó a estallar. Su salida de prisión está prevista para 2021.

Antonio Alza Hernández. Fue condenado a 69 años de prisión por tenencia de armas, depósito de explosivos y por ser parte de un grupo de ETA dedicado a conseguir información para realizar atentados.

Por su parte, los dos grapo que han pedido ser puestos en libertad son Laureano Ortega -considerado jefe de la banda terrorista e integrante del grupo Josefa Jiménez- y Olga Oliveira, miembro de la banda que ha protagonizado numerosas huelgas de hambre en prisión En el caso de Ortega la Sala estudiará su excarcelación por acumulación de condenas y no por la derogación de la doctrina Parot.

En trece escritos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado ya las libertades de todos ellos -excepto de Laureano Ortega- al tratarse de casos idénticos a la etarra Inés del Río, excarcelada a instancias de Estrasburgo.

Tras la decisión del Supremo de tumbar su propia doctrina, lo previsible es que todos estos terroristas salgan en libertad. A partir de ahora se aplicará la jurisprudencia anterior al 28 de febrero de 2006 cuando no existía la demoninada doctrina, es decir, cuando las redenciones ordinarias y extraordinarias obtenidas durante el tiempo de encarcelamiento se restarán de los 30 años de máximo legal previsto en el Código Penal de 1973.

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