La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la libertad definitiva de los etarras Francisco Imaz Martiarena y José Miguel Latasa Guetaria y de la grapo Concepción González Rodríguez, condenada por el secuestro del empresario Publio Cordón, en aplicación del fallo de Estrasburgo que derogó la doctrina Parot.
En sendos escritos, la Fiscalía pide a los juzgados de la Audiencia Nacional que condenaron a estos tres terroristas que les deje de aplicar la doctrina Parot, que sirvió para alargar su estancia en prisión, de tal manera que Imaz y González serían excarcelados y Latasa tan solo vería extinguidas sus penas, puesto que ya está en libertad condicional.
La miembro de los GRAPO cuya libertad pide la Fiscalía fue condenada a 27 años de cárcel por secuestrar en 1995 a Publio Cordón, cuyo paradero se desconoce.
La terrorista confesó a la Policía que, cuando llegó a Lyon (Francia) con el secuestrado, le estaban esperando en una vivienda otros dos grapos encargados de vigilar al empresario junto al dirigente del grupo Fernando Silva Sande.
Por su parte, Imaz era miembro de un "comando legal armado anticapitalista" y fue condenado a 30 años por varias acciones del grupo. En 1995, Instituciones Penitenciarias concedió el tercer grado penitenciario al recluso, que padecía una enfermedad mental.
Encarcelado desde enero de 1987, fue condenado por la Audiencia Nacional por los delitos de pertenencia a banda armada, estragos, uso ilegal de vehículos a motor, tenencia ilícita de armas, secuestro, atentado, asesinatos frustrados y daños.
Latasa, el segundo etarra al que la Fiscalía ha pedido que se le retire la doctrina Parot, ya está en libertad condicional y repudió públicamente la violencia terrorista, por lo que fue expulsado de la banda.
Apodado Fermín, fue miembro del grupo que asesinó en 1986 a la exdirigente etarra María Dolores González Catarain, Yoyes, quien había vuelto al País Vasco procedente de México tras acogerse a la vía de reinserción.
En 1994, Fermín hizo público un comunicado, firmado por otros cuatro reclusos, en el que calificaba la estructura de ETA de "anquilosada" y en 1997, tres días después del asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, pidió a la banda que abandonara las armas.
Además, hizo público un escrito en el que acusaba a Gestoras Pro Amnistía de "controlar y dirigir" a los presos de ETA para que sigan las directrices de "algún iluminado" y les pedía que exigieran a la banda una tregua unilateral.
De decretar la Audiencia Nacional la libertad definitiva de estos dos etarras, ya serían 63 los terroristas de ETA beneficiados por la sentencia del pasado 21 de octubre del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que anuló la aplicación retroactiva de la doctrina Parot.
De estos 63 etarras, solo 58 son efectivamente excarcelados, ya que cuatro estaban en libertad condicional y al quinto se le ha adelantado la salida de prisión al 25 de diciembre.
En total, la Audiencia habría dictado la libertad definitiva de 70 terroristas, 63 de ellos etarras, así como de seis miembros de los GRAPO y uno de los GAL.