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Las diputaciones ceden a Mas 90 oficinas para la Hacienda del Estado propio

Suscriben un convenio para el intercambio de información y piden a los contribuyentes que presenten la declaración en sus dependencias.

(Barcelona)
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La Generalidad de Cataluña ya presume de Hacienda propia, una Agència Tributaria Catalana, la ATC, con noventa oficinas a lo largo y ancho del Principado y un número creciente de inspectores y funcionarios al servicio del futuro Estado catalán. El Diari Oficial de la Generalidad, el BOE autonómico, de este lunes 5 de mayo, recoge el convenio suscrito entre la Consejería autonómica de Economía y las cuatro diputaciones provinciales catalanas mediante el cual se facilitará el intercambio de ficheros y datos y las oficinas de gestión y recaudación de las diputaciones, organismos dependientes de la Administración del Estado, pasarán a formar parte de la red de la ATC.

El citado convenio fija la colaboración entre la ATC y las diputaciones de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona "para la prestación de servicios de recepción y registro de declaraciones y documentación con información de carácter tributario en las oficinas de los organismo tributarios de las diputaciones". En el texto se alude a otros acuerdos suscritos con anterioridad y que se califican de "significativos en el ámbito de la recaudación ejecutiva y de los intercambios de información tributaria". Este apunte se refiere a una ampliación del convenio firmado en septiembre de 2013 y que prevé que la ATC de la Generalidad y la Diputación de Barcelona "intercambien ficheros e información".

El objetivo no es otro que el de dotar de datos a la Hacienda de la Generalidad, para lo que se animará a los ciudadanos a presentar sus declaraciones de la renta en las oficinas de las diputaciones a fin de obtener los datos fiscales de los ciudadanos en previsión de que tras la proclamación de la república catalana la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda bloquee el acceso a los datos de los contribuyentes. El gobierno nacionalista de Artur Mas no esconde sus pretensiones, pese a que en su campaña a favor del referéndum separatista incluye la posibilidad de que los catalanes rechacen la opción del Estado propio. Así, lanza ofertas de empleo para inspectores fiscales y ya ha fichado a media docena de inspectores de la Agencia Tributaria para dar cuerpo a su propio organismo.

En esta política de hechos consumados en el plano fiscal han jugado un papel determinante las diputaciones, todas ellas presididas por alcaldes de CiU que no han dudado en destinar personal y recursos a la construcción del Estado de Artur Mas y Oriol Junqueras, hasta el punto de haber convertido estas administraciones en sucursales y delegaciones de la Generalidad. De esta manera, la administración autonómica ha tenido y tiene acceso a los bancos de datos de la administración del Estado, dada la dependencia de los organismos provinciales.

El paso que pretende dar la Generalidad ahora es el de invitar a los catalanes a que entreguen en las oficinas de las diputaciones las declaraciones, bien los originales o copias. En el primer caso, además de recopilar información,la Generalidad se encargaría de pagar al Estado. En semejante propósito cuenta con el apoyo y el acompañamiento de la inevitable Assemblea Nacional Catalana (ANC). Según el periódico soberanista El Punt-Avui, las oficinas de la "Hacienda propia" prestarán servicio a partir del próximo lunes. La noticia apunta además a que el acuerdo entre las diputaciones y la Generalidad se firmó el mismo día, 30 de abril, que la ANC emprendió la campaña "Declárate a Cataluña" para "incentivar" que los ciudadanos, las empresas y los ayuntamientos cedan sus datos fiscales a la Generalidad.

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