El Cuerpo Nacional de Policía continúa sus compras para reequipar a los agentes de la Unidad de Intervención Policíal (UIP), conocidos popularmente como antidisturbios, después de que el pasado mes de marzo, durante las denominadas Marchas por la Dignidad, quedase patente que el material que venían utilizando hasta ahora era prácticamente inútil en caso de agresiones por parte de radicales antisistema. Casi setenta agentes resultados heridos.
Libertad Digital denunció días después del 22-M que los agentes de la UIP trabajaron aquel día con menos material del habitual, pues en la base se les proveyó de apenas una tercera parte de los que suele ser habitual, en lo que a pelotas de goma y bocachas (las escopetas que se utilizan para disparar las pelotas) se refiere. Además, trabajaron con escudos de protección caducados (con entre 10 y 15 años) y con las fijaciones estropeadas, con cascos que tienen el barbuquejo dado de sí y las pantallas rayadas y que se empañan con la respiración del agente y sin ningún tipo de protección en las espinillas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado la adjudicación a la empresa Ecoyma del contrato de adquisición de 1.248 escudos antidisturbios, hecho público el pasado 12 de junio, por un importe total de 113.256 euros, lo que supone un coste ligeramente superior a los 90 euros por unidad. Estos nuevos escudos tienen un largo de 1,1 metros (un poco más de los actuales) y estarán fabricados en policarbonato con un grosor de 4 milímetros.
La Dirección General de la Policía quiere que sean altamente resistentes, razón por la que ha solicitado al fabricante que estos escudos aguanten impactos de pelotas de goma, bolas de acero de hasta 10 kilogramos e, incluso, impactos de bala del calibre 22 desde una distancia aproximada de 5 metros. Las pertinentes pruebas se realizaron en instalaciones policiales antes de la adjudicación y descartaron a la mitad de las empresas que habían mandado sus propuestas comerciales.
Además, estos nuevos escudos antidisturbios llevarán grabada la fecha de caducidad del mismo, algo que no sucede en la actualidad, y deberán ser dados de baja una vez hayan cumplido los cinco años de actividad, momento en el que se cumpliría el tiempo máximo de actividad en perfectas condiciones.
La Policía cerró a principios de agosto la compra a la empresa Fedur de 448 chalecos antitrauma para los agentes de la Unidad de Intervención Policial por un montante económico total de 154.492,80 euros, lo que sitúa el precio en casi 345 euros por unidad. Los mismos están preparados para soportar impactos de bala de punta blanda del calibre 22 corto para pistolas de 186 milímetros de cañón y para resistir impactos de fragmentos y de bolas de acero de hasta tres kilogramos de peso.
Las especificaciones técnicas indican que el chaleco deberá ser lo suficientemente cómodo como para poder conducir con él, no debe superar un peso de 1,6 kilogramos, su tela exterior deberá ser ignífuga y llevará protecciones desmontables en cuello, hombro y brazos, además de tener un área delimitada para poder instalar un protector desmontable para la zona de la pelvis.
Los dos primeros contratos que se hicieron públicos -aparecieron en el BOE del 5 de junio-, también se han cerrado durante el verano. La Dirección General de la Policía adjudicó a Total Control Handcuffs el contrato de 1.395 pares de espinilleras que se han encargado para los antidisturbios, por un montante económico total de 162.043,20 euros, lo que supone un coste de algo más de 115 euros por unidad.
Estas espinilleras deben cubrir la rodilla, tibia y tobillos de los agentes frente a "golpes producidos por patadas, objetos contundentes, tales como palos, piedras, barras metálicas, etc., incluso cortes por objetos punzantes (navajas, cuchillos, etc.)", según indicaba el pliego del concurso público, además de que su diseño ergonómico produzca las mínimas incomodidades posibles a los usuarios, "no debiendo tener superficies o bordes ásperos, afilados o duros".
El contrato para la compra de 400 cascos antidisturbios con su correspondiente funda portacascos fue adjudicado a la empresa Fedur por un montante económico total de 156.816 euros, lo que supone un coste de casi 400 euros por casco. Los cascos seleccionado han tenido que soportar pruebas con impactos de bala de los calibres 22 y 38 y pruebas de resistencia contra impactos de bolas de acero de 5 kilogramos de acero, además de llevar viseras antivaho.
Por último, el Ministerio del Interior otorgó a la empresa Falken el suministro de una cantidad mínima de 5.000 artificios fumígeros y de un mínimo de 2.000 artificios lacrimógenos con destino al Servicio de Armamento y Equipamiento Policial del Cuerpo Nacional de Policía. El montante económico de la operación se cifró en 140.045,40 euros.