El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado este jueves el ingreso en prisión incondicional para el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, el 'conseguidor' Alejandro de Pedro Llorca, el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, la secretaria de Marjaliza Ana María Ramírez y el empleado de Cofely Pedro García Pérez en el marco de la operación Púnica.
Según el auto, el presidente de la Diputación leonesa habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro Llorca "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León".
Además, el juez Velasco señala que Marcos Martínez "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude".
Por su parte, el magistrado sitúa a Alejandro de Pedro Llorca como "cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo en mucha parte al de David Marjaliza".
La investigación ha acreditado que "presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto". Velasco señala que esos trabajo de reputación le sirvieron a De Pedro Llorca para "constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían la contratación en otro sectores".
Además, el titular del Juzgado Número 6 de la Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión eludible con fianzas de entre 25.000 y 100.000 euros para otras ocho personas. Se trata del concejal de Hacienda de Valdemoro, José Javier Hernández (60.000 euros); el jefe de gabinete del alcalde, Alfredo Ovejero (25.000 euros); el arquitecto municipal de la localidad (100.000 euros); los empresarios relacionados con el constructor David Marjaliza: Eduardo de la Peña (50.000 euros) y Antonio Serrano (100.000 euros); el director general de Cofely, Didier Maurice, su director comercial Constantino Álvarez y el empleado José Antonio Álvarez, todos ellos con fianzas de 100.000 euros.
Fianza de 300.000 euros
Además, el instructor de la Audiencia Nacional ha dictado este jueves prisión eludible bajo el pago de una fianza de 300.000 euros para el dueño de la empresa Waiter Music José Luis Huerta. Se trata de la fianza más alta impuesta este jueves para eludir la cárcel.
En el auto, el instructor subraya que dicha mercantil "ha sido adjudicataria de numerosos contratos públicos en diversos municipios de Madrid así como empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, donde Francisco Granados ocupó cargos de relevancia".
El instructor tiene previsto interrogar este viernes al exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados y el supuesto cerebro de la trama David Marjaliza.
Las mujeres del exsecretario general del PP madrileño y del constructor Marjaliza han presentado la noche de este jueves dos habeas corpus en los Juzgados de Majadahonda y Colmenar Viejo para solicitar "su inmediata puesta en libertad" al considerar ilegal la prórroga de sus detenciones decretada por Velasco. En los escritos exigen que sus maridos sean puestos inmediatamente a disposición del juez y solicitan que queden libres ante la ilegalidad de la extensión de sus arrestos.