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El golpe de Estado separatista de Mas entra en la fase decisiva

Los separatistas inician la cuenta atrás de la "desconexión" y niegan validez a los jueces el día que la Policía entra en el "santuario" de los Pujol.

(Barcelona)
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Todo está preparado para la "desconexión definitiva". La vicepresidenta del Gobierno, Neus Munté, en la rueda de prensa de los martes, tras el consejo ejecutivo de la Generalidad, afirmó que se manejan "anteproyectos de ley muy avanzados sobre seguridad social, hacienda y garantías jurídicas" para convertir en realidad la proclamación separatista. Así contestaba a la pregunta sobre las urgencias que plantea la declaración de independencia de Junts pel Sí y la CUP. En treinta días, la Generalidad debe poder actuar ya como un Estado, al margen de las leyes y de los tribunales españoles. Para ello, pretende tramitar sus "normas" por el procedimiento de urgencia. Las "estructuras de Estado" comienzan a estar afinadas para el proceso y la vicepresidenta se mostraba orgullosa. Pueden cumplir los mandatos de la "propuesta de resolución" separatista sin problemas, ha declarado ufana. De hecho llevan cuatro años de intensos preparativos para este momento gracias en gran medida a las aportaciones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

En ruedas de prensa diferentes, los representantes de Junts pel Sí y la CUP coincidieron en su determinación de proclamar la independencia en un pleno previsto para la próxima semana. Será el inicio del "proceso constituyente de un estado catalán independiente en forma de república", coinciden y se afirma en la "propuesta de resolución". El meollo de la declaración separatista se encuentra en los puntos seis, siete y ocho, donde se insta a incumplir las leyes y resoluciones de los tribunales y se llama al "empoderamiento de la ciudadanía" en lo que se antoja la "aportación" de la CUP a la "hoja de ruta".

El punto seis afirma: "Como depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente (se refiere a la cámara autonómica), reitera que este parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, a quien considera deslegitimado y sin competencia a consecuencia de la sentencia de junio del 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña votado previamente por el pueblo en referéndum, entre otras".

En el séptimo se llama a la insurrección popular: "Adoptará (el ejecutivo catalán) las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado español de tal manera que permita el empoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles y en base a una participación abierta, activa e integradora".

Y en el octavo, por si no había quedado claro en el sexto, se ordena al ejecutivo desobedecer todas las leyes: "Insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados de esta cámara, legítima y democrática, a fin de blindar los derechos fundamentales que puedan quedar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español". De postre: "(El 'parlament') declara la voluntad de inicio de negociaciones para hacer efectivo el mandato democrático de creación de un estado catalán independiente en forma de república y lo pone en conocimiento del Estado español, de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad internacional".

Pleno extraordinario la próxima semana

El propósito de la plataforma de Mas y Junqueras y de la CUP es "solemnizar" la declaración la próxima semana en un pleno extraordinario puesto que se consideran depositarios de un "mandato democrático" y legitimados por la mayoría de escaños y porque, afirman, también han ganado en votos, falsedad que repiten como un mantra en cada comparecencia mediática.

El acuerdo de este martes, 27 de octubre para los anales del "procés", no significa que Mas vaya a ser investido presidente de la Generalidad. El partido antisistema, referente batasuno en Cataluña, mantiene el veto sobre el líder de Convergencia y así lo han vuelto a reiterar. Sin embargo, sus portavoces alegan que la declaración separatista es la "hoja de ruta" de Junts pel Sí y ellos están, en síntesis, de acuerdo con la "ruptura con España", aunque matizan que les hubiera gustado un lenguaje más directo. Y en CDC confían en que la declaración desencadene una operación del Estado que les permita argumentar que las investigaciones sobre el 3% y el clan Pujol son una represalia por el "proceso soberanista". Los republicanos están a la espera, pero comienzan a lanzar serios avisos sobre la "prescindibilidad" de los nombres, en una nada velada alusión al president.

La coincidencia de intereses entre la CUP y Junts pel Sí ha permitido a Mas extender una cortina de humo sobre los frentes judiciales que su entorno y su partido tienen abiertos. El registro de la declaración separatista en la cámara autonómica ha coincidido con la operación "Hades" de la Audiencia Nacional relativa a los casos de corrupción que afectan al clan Pujol. Mientras los diputados separatistas presentaban su propuesta, los agentes examinaban el domicilio de los Pujol, el "santuario" nacionalista donde se acomodaba desde que le operaron de una lesión de clavícula el testaferro y "dinamizador" de la familia, Jordi Junior, el primogénito del "president" (como aún llama Mas a Jordi Pujol padre).

El "santuario" de los Pujol

La medida preventiva no ha servido para evitar la humillación. La policía y los fiscales se han atrevido a entrar en la mítica casa de la ronda del General Mitre y han registrado a fondo la habitación donde pernoctaba el primogénito. También se encontraba en el domicilio el menor de todos, Oleguer, cuyo expediente no corresponde al juez José de la Mata sino a Santiago Pedraz. La intención es unificar todos los casos Pujol en la Audiencia puesto que la información proporcionada por la banca andorrana a principios de verano prefigura, según los investigadores, el funcionamiento de la familia como una "banda organizada". De la Mata ha imputado a Josep y Pere Pujol Ferrusola, de modo que todos los hijos del president están encausados en una maraña de expedientes que va desde el cobro de mordidas al blanqueo de capitales, la evasión fiscal y otros delitos contra el patrimonio del Estado.

No ha habido detenidos, pero la investigación avanza tras el parón provocado por el cambio de juez (Pablo Ruz abandonó la Audiencia Nacional) y por el propio traslado de las dependencias de la Audiencia. De la Mata ha metido una marcha más en la instrucción del sumario tras el análisis por parte de la Udef de la copiosa, valiosa y por encima de todo incriminatoria documentación remitida por la banca andorrana. La familia Pujol trató por todos los medios de frustrar el éxito de la comisión rogatoria, amparándose en el secreto bancario, pero las autoridades de Andorra decidieron finalmente colaborar, si bien con un retraso de meses. Del contenido de los papeles y de las declaraciones espontáneas de algunos empresarios ante la Audiencia Nacional, la Udef ha llegado a la zona cero de la construcción del Régimen del 3%, el sistema de comisiones a cambio de adjudicaciones implantado por Pujol y que salpica a los Sumarroca (cofundadores de Convergencia y socios en algunos negocios del clan alfa), al gran empresario Carles Vilarrubí, al matrimonio Pujol Ferrusola y a todos sus descendientes, incluidos los políticos.

Jordi Pujol Ferrusola habría sido el gestor de una fortuna obtenida de manera ilegal por su padre a través del supuesto cobro de comisiones y blanqueada con la colaboración de todos sus hijos. La herencia del abuelo Florenci fue una operación de despiste, así como la confesión del 25 de julio de 2014. Este martes, la Udef se ha hecho con dos portafolios, un móvil y una tableta propiedad del primogénito y que podría ayudar a desentrañar aún más las claves del operativo supuestamente montado por Pujol y perpetuado por Mas, que dijo del anterior que era su "padre político". La relación entre ambos es tan estrecha que el pasado miércoles, un par de horas antes de que se desencadenara el registro en la sede de CDC, de "Infraestructuras.cat" y de varios ayuntamientos convergentes, Mas se reunió con Pujol en el domicilio de un exconsejero de Banca Catalana. El viernes pasado, y en comparecencia parlamentaria, Mas se jactó de mantener el contacto con el evasor confeso y lo ciñó al ámbito de su intimidad. Hoy, el chascarrillo entre los periodistas que hacían guardia mientras los agentes registraban el domicilio de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, es que la Policía no encontraba a Mas.

La CUP insiste en vetar a Mas como presidente

El caso Pujol, para la CUP, está descontado. No así el caso 3%. Consideran que Mas es el gran protagonista de la corrupción política y los recortes sociales en la actual Cataluña y no le quieren como primer presidente de su república catalana. Para la CUP, de dirección colegiada y carácter asambleario, el nombre de Mas no es negociable. No así todo aquello que suponga la ruptura con el resto de España, sea la desobediencia institucional, la insurrección o, en términos separatistas, la desconexión. De ahí que sus voceros se hayan empeñado en acentuar que la declaración propuesta al parlamento regional para su aprobación la próxima semana no implica que vayan a ceder a las pretensiones de Mas de repetir en el cargo.

Al fondo consta el apoyo de cinco de los once diputados de Podemos en Cataluña (denominados "Catalunya sí que es pot") a Carme Forcadell para que se convirtiera en la presidenta de la cámara del "Visca la república catalana!". Esa es la bala en la recámara de Mas frente a una CUP empecinada en "montar el pollo" con el todavía president en el banquillo de los diputados y, si acaso, como "conseller en cap" (consejero jefe).

La caja fuerte y los maletines del 3%

En cuanto al caso 3%, este martes se ha procedido a la apertura de los maletines y la caja fuerte de Josep Antoni Rosell, el director general de la empresa pública de la Generalidad "Infraestructuras.cat", la repartidora de adjudicaciones. El trámite ha sido engorroso en lo relativo a la caja fuerte, porque Rosell, por consejo de su abogado, se ha negado a facilitar la combinación y ha habido que recurrir a un especialista. El juez de El Vendrell, Josep Bosch Mitjavila, con la ayuda de una fiscal y de los agentes de la Guardia Civil, se ha limitado a clasificar los documentos para su posterior estudio, en los próximos días. Entre otras razones porque los fiscales anticorrupción estaban ocupados en los registros llevados a cabo en Barcelona a la misma hora en la que se abrían los maletines en la localidad tarraconense.

Hasta el momento, el golpe de Estado separatista no ha tenido la más mínima consecuencia para sus promotores. Mas está blindado en relación al 3% (los poderes de sus tesoreros, heredados de Pujol, eran absolutos) pero no así en relación al referéndum del 9-N, en el que se le imputa por desobediencia, usurpación de funciones y prevaricación de caudales públicos. La composición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), competente en el asunto por el aforamiento de los imputados, es favorable al presidente de la Generalidad, entre otras razones porque el juez instructor, Joan Manel Abril, ni es juez y fue nombrado a propuesta de CiU y ERC en el parlamento autonómico. El abogado es además miembro del consejo del poder judicial, pero de Andorra. La fiscalía catalana tampoco se muestra muy exigente en la investigación del 9-N, aunque le lleguen demoledores testimonios de presuntos "voluntarios" pagados por la Generalidad para llevar a cabo el referéndum.

De ahí se infiere la confianza del bloque separatista en que este nuevo paso del golpe tampoco tendrá consecuencias. En Convergencia confían también en la aceleración de los tiempos políticos, el marasmo de la campaña electoral de las generales del 20-D, y en la lentitud de las tramitaciones judiciales para salir indemnes de la corrupción de los últimos treinta y cinco años.

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