Los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros 50 ex altos cargos serán juzgados por el caso ERE en una pieza separada. La juez María Núñez Bolaños ha acordado el inicio de diligencias previas para averiguar si la forma de proceder de los investigados es constitutiva de delito.
Según fuentes judiciales, la pieza tendrá sentencia posiblemente a finales de 2016 y será la primera que se cierre dentro de este marco que acumula más de 270 imputados como presuntos responsables del desvío de 850 millones de euros públicos destinados a prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis económica.
El auto de la juez Núñez Bolaños fechado este martes abre diligencias por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación". Se juzgarán los hechos relativos a la participación "activa y consciente" de los cargos a los que alude en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico que permitió la gestión de esas ayudas. Dicho procedimiento se refiere al sistema de transferencias de financiación que logró desviar el dinero público del circuito habitual eludiendo los mecanismos de control por parte de la administración. De esta forma, las instituciones públicas IFA y Agencia Idea, ambas adscritas a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se hicieron cargo del reparto de las ayudas.
Por este procedimiento, como recoge el auto, se inició la implantación del sistema de transferencias de financiación para subvencionar por otros motivos. Se hizo en contra de la normativa, que delimitaba este tipo de transferencias a unas funciones lejanas a la subvención que empleó en la práctica el consejero de Empleo, José Antonio Viera, y quien sería su sucesor, entonces viceconsejero, Antonio Fernández.
Convenio ilegal
Este convenio funcionó "sin ser notificado a la Intervención General y el Gabinete Jurídico de la Junta" y tenía como objeto "la prestación de asistencia técnica permanente por el IFA-IDEA a la Dirección General de Trabajo". La juez indica que, "si bien el convenio tenía específicamente prevista una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2003, fue utilizado en la práctica en años sucesivos sin una renovación expresa, hasta que se publicó la encomienda de gestión el 24 de abril de 2010", tras lo que pasa a analizar la incorporación de las transferencias de financiación a la Ley de Presupuestos de la Junta.
Esta "contingencia resultó factible merced a la elaboración incorrecta del anteproyecto de presupuesto efectuada en la propia Consejería de Empleo, ya que se valía de la partida de transferencias de financiación a IFA/IDEA como medio para conceder subvenciones por la Consejería", asevera la magistrada, señalando que "también operaba incorrectamente en el Anteproyecto de Presupuestos, que es elaborado por la Consejería de Hacienda y remitido al Consejo de Gobierno de la Junta para su aprobación".
Presupuestos manipulados
La juez considera que IFA-IDEA "manipulaba a partir del año 2003 su presupuesto, al consignar indebidamente en él, en la cuenta 'Otros gastos de explotación', los 'pagos' (no 'gastos') a efectuar con las transferencias de financiación recibidas de la Consejería de Empleo, en la cuantía necesaria para que el resultado de la empresa fuera cero o próximo a cero".
En el listado de ex altos cargos figuran los expresidentes y los exconsejeros de Hacienda, Empleo e Innovación, además de Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Magdalena Álvarez y Martín Soler. Figuran además los exviceconsejeros de estos departamentos, ex directores generales, el que fue interventor general, Manuel Gómez, el ex jefe de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río, y todos los que fueron miembros del consejo rector del IFA y la Agencia Idea, entre ellos el actual presidente de Unicaja, Braulio Medel, o el actual presidente no ejecutivo de Abengoa, José Domínguez Abascal.