Detienen a Ignacio Palacios, la mano derecha de Granados

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, tomará este jueves declaración como imputados a Ignacio Palacios y a su mujer, detenidos este martes por la Guardia Civil, en relación con operaciones ilícitas del presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, para el que presuntamente actuaba como testaferro.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, a Palacios se le atribuyen presuntos delitos de cohecho y blanqueo.

Palacios fue detenido este martes por la Guardia Civil junto a su mujer y después se procedió al registro de su domicilio en Madrid y de dos propiedades de Granados en Ávila y también en Valdemoro, han informado fuentes jurídicas.

Ignacio Palacios está considerado mano derecha de Granados, para quien trabajó en la Comunidad de Madrid como jefe de gabinete en la Consejería de Transportes primero y luego en la de Presidencia, Justicia e Interior. Además fue jefe de personal en el Ayuntamiento de Valdemoro cuando Granados era su alcalde, localidad en la que se gestó la trama Púnica.

El considerado ahora testaferro de Granados, que junto a su socio David Marjaliza son los únicos que permanecen en prisión provisional por esta causa, fue también consejero de la empresa pública de la Comunidad de Madrid, Arpegio Áreas de Promoción Empresarial, también investigada en esta causa.

Arpegio, que también aparece en el caso Gürtel, suscribió contratos de eventos con la empresa Waiter Music -del también imputado en Púnica José Luis Huerta- cuando Granados ocupaba "cargos de relevancia" en el Gobierno regional, según consta en autos del juez Velasco.

Desde septiembre, el instructor de Púnica está practicando diligencias para apuntalar con pruebas la veracidad de las acusaciones que hizo el otro presunto cabecilla de la trama, David Marjaliza, durante las 13 horas de declaración que prestó a petición propia el pasado junio y en las que implicó a varios cargos políticos de diversos partidos.

Ello derivó en la citación de 40 personas, aproximadamente la mitad imputados y la otra mitad testigos, vinculadas todas ellas con municipios de la Comunidad de Madrid y la de Valencia y relacionados con las últimas confesiones que hizo Marjaliza, que permanecen bajo secreto de sumario.