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El juez Pedraz envía a prisión a los líderes de Manos Limpias y Ausbanc

Según el magistrado, existen indicios de que Miguel Bernad y Luis Pineda chantajearon a los bancos. Los otros 3 detenidos, en libertad con cautelares.

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El juez Pedraz envía a prisión a los líderes de Manos Limpias y Ausbanc
Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias | EFE

Los máximos representantes de Ausbanc y Manos Limpias cimentaron una organización criminal. El juez Santiago Pedraz se ha alineado en la versión que sostiene la Fiscalía y ha decretado prisión incondicional para Luis Pineda y Miguel Bernad, presidente de la asociación y secretario general del sindicato, respectivamente. Los cinco acusados han negado los hechos ante el magistrado y las partes y se han presentado como víctimas de una persecución del Estado por sentar en el banquillo a políticos, empresarios, e incluso a la infanta Cristina.

Pero el juez detecta "motivos bastantes" para creer que son responsables de una retahíla de delitos: Bernad de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; y Pineda de esos tres más estafa, administración desleal y fraude en las subvenciones. Pedraz decreta la libertad provisional sin fianza para los otros tres detenidos en la denominada Operación Nélson. Son el director de comunicación de Manos Limpias, Javier Castro Villacañas, y dos altos cargos de Ausbanc: el adjunto al director, Ángel Garay, y el tesorero Alfonso Solé.

Los indicios apuntan a delitos especialmente graves y, según Pedraz, existe riesgo de fuga. El magistrado justifica el encarcelamiento de los dos principales imputados en el hecho de que pudieran malbaratar la investigación.

Primer borrador de la trama

Pedraz dibuja en su auto un primer esquema de la presunta organización criminal. Según el juez, Luis Pineda dirigía la estructura "cuya finalidad última era la obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros". Utilizando el supuesto objetivo de Ausbanc, la defensa de los consumidores, presionaba a aquellas entidades contra las cuales debería luchar. En lo concreto, presionaba a los bancos para "llevar a cabo determinados acuerdos económicos enmascarados como convenios publicitarios", explica el instructor.

Y no solo de convenios publicitarios. El dinero de Ausbanc procedía también del cobro de subvenciones en su condición de asociación sin ánimo de lucro y de las aportaciones de los asociados. Sin embargo, apunta Pedraz, esos fondos no redundaban en el beneficio de los contribuyentes, sino que se destinaron a sufragar a colectivos como Manos Limpias y otros para obtener un beneficio personal en última instancia.

Pineda se encargaba directamente de "presionar a las entidades en busca de financiación". El juez relata cómo "si en un momento determinado consigue llegar a algún tipo de acuerdo económico" a cambio de rebajar las pretensiones procesales de la asociación o incluso archivar la demanda, "lo llevará a cabo aunque tal decisión conlleve un perjuicio para sus asociados".

La organización tiene ramificaciones en el extranjero. Perfila el juez cómo la trama cuenta con apoyo económico en Colombia, a través de sociedades de las que Ausbanc posee el 95% y que habrían recibido más de un millón de euros; en Venezuela, mediante firmas de las que la asociación cuenta con el 100% de las participaciones; de Estados Unidos, a través de empresas que han recibido 2.1 millones; y otros instrumentos a los que alude Pedraz como "Mercado de Dinero México y Money Market en Reino Unido".

Implicación de Manos Limpias

La instrucción de la causa iniciada el 23 de febrero de 2015 respecto de Ausbanc permitió conocer el papel de Manos Limpias. En base al escrito del magistrado, Luis Pineda empleó el sindicato al cual financia "para reforzar la presión contra las entidades y lograr los acuerdos económicos". El presidente de Ausbanc habría delegado en este colectivo la función de "ejercer la acusación particular contra determinadas personas contando con el apoyo y beneplácito de Miguel Bernad a quien, en cierto modo, Pineda controla y maneja".

En un segundo nivel se encontrarían Alfonso Solé, Ángel Garay y Francisco Javier Castro; y en un tercero aquellos cargos de Ausbanc que participan de forma activa en las actividades de la asociación que han dado lugar a la investigación. Por último, el magistrado sitúa en el cuarto escalón a los cargos menores del colectivo que a su vez son conocedores de la prácticas.

Desvío de fondos

La propia estructura de Ausbanc ha permitido, según Pedraz, el completo dominio de Pineda y sus cómplices. El juez cuenta que se aprecian múltiples relaciones comerciales entre la asociación y empresas vinculadas a miembros de la Junta Directiva a través de las cuáles habrían obtenido grandes retribuciones por un trabajo que, a priori, se definía como sin ánimo de lucro.

Por ejemplo, destaca el hecho de que las sociedades que se han beneficiado de las transferencias o préstamos de dinero por parte Ausbanc son propietarias de diversos inmuebles en los que la asociación ha ubicado sus sedes, a las que a su vez se les paga una cantidad en concepto de arrendamiento. Se observa cómo de un método para el desvío de capital nace otro distinto. Del análisis de las cuentas bancarias del colectivo se extrae que solo desde que comenzó la investigación han percibido más de 7 millones de euros.

Como asociación sin ánimo de lucro, Ausbanc accedió a a diferentes convocatorias de subvenciones "siéndole concedidas varias de ellas a lo largo de los años y algunas por importe de cuantía considerable". El juez está pendiente de llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer en qué condiciones le fueron concedidas esas ayudas a la asociación, puesto que con cumpliría con alguno de los requisitos exigidos en las mismas.

Intocables a cambio de dinero

Según Pedraz, "se observa cómo las entidades que tienen establecidos convenios publicitarios con Ausbanc tienen la certeza que dichos convenios llevan aparejados el no hacer mala publicidad de dichas entidades". Es decir, que las sociedades o los bancos que pagaban se convertían en intocables. De hecho, el juez recoge un caso en el que un director de una de las entidades "colaboradoras" traslada una queja en relación a una noticia negativa. En toda esta negociación, se desprende una suerte de mercadeo: el miembro del colectivo que consigue un convenio se lleva una comisión y se asegura la inmunidad de la firma con la que ha pactado.

"No tenemos que esperar a una sentencia que os va a dar una hostia importantísima". Así se dirigía Pineda a uno de los empresarios con los que estaba a punto de firmar un contrato en perjuicio de los consumidores a los que representaba. Se destaca de las conversaciones telefónicas intervenidas que se pactaron una reducción de las pretensiones incluso en el caso de la anulación de las cláusulas suelo.

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