El jefe de filas en el Congreso del autodenominado Partit Demòcrata Català, antes Convergència, comparece en el Tribunal Supremo a petición propia. Sobre Francesc (Quico) Homs pesa la condición de investigado por el referéndum del 9-N de 2014. Se le atribuyen los presuntos delitos de prevaricación, malversación y desobediencia por ser el abajofirmante de una carta con membrete de la Generalidad en la que se instaba a la empresa Focus a continuar con los trabajos de instalación de la carpa de prensa y centro de datos de la "consulta" a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional.
Homs se libró de la imputación en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), así como Francesc Gordó, entonces titular de Justicia, de cuya consejería dependen las prisiones catalanas en las que se confeccionaron las urnas de cartón y las papeletas del referéndum. La instrucción del TSJC sólo alcanzó a Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega, ya retirada de la política, y la consejera de Educación, Irene Rigau, que ordenó a los directores de los centros educativos abrir sus instalaciones para dar cobijo a la votación.
Sin embargo, el Supremo, ya con Francesc Homs como diputado en Madrid, amplió las diligencias hacia la figura de quien era de facto el número dos de Mas y portavoz del gobierno regional en el momento de los hechos.
Como en anteriores comparecencias judiciales, Homs no ha ido solo a declarar. Le han acompañado algunos distinguidos componentes de la que se denomina en círculos políticos barceloneses "banda del 9-N", con Artur Mas a la cabeza y la nueva jefa del nuevo partido, Marta Pascal, en primera fila. En el tropel figuran también la citada Irene Rigau, el portavoz nacionalista en el Senado, Lluís Cleries, el consejero de Cultura, Santi Vila, la de Gobernación, Meritxell Borrás, la vicepresidenta autonómica Neus Munté, el portavoz de la parte convergente de Junts pel Sí, Jordi Turull, el vicepresidente primero de la cámara catalana, Lluís Corominas, el exalcalde Xavier Trias, el nuevo número dos del PDC, David Bonvehí, y otros notables del partido "soberanista".
Ausencias reseñables de dirigentes de ERC, que en público se solidarizan con los imputados, todos convergentes, pero que en su mayoría se han abstenido de participar en la performance a las puertas del Supremo. Sólo Tardá asomó en la foto. Las relaciones entre convergentes y republicanos no pasan por el mejor momento. Tampoco estaban el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, que mantiene una "cumbre" en Valencia con su homólogo Ximo Puig sobre el corredor mediterráneo o la presidenta de la cámara regional, Carme Forcadell, que han justificado sus bajas por las mismas razones institucionales que no les impidieron participar en la manifestación de la pasada Diada.
Como se recordará, la declaración de Mas en el TSJC fue una demostración de poderío institucional con la presencia de todos los alcaldes separatistas de Cataluña, así como miembros de la CUP, ERC y las entidades separatistas que forman parte del "proceso" en lo que se consideró un intento de intimidación a los jueces.
Apoyo del PNV y Podemos
En esta ocasión, a la corte de Homs y los separatistas catalanes se han sumado algunos componentes del PNV, como Aitor Esteban, en solidaridad con el "proceso", así como el diputado podemita de la filial catalana "En Comú Podem" Marcelo Expósito, secretario tercero del Congreso, quien ha recurrido a la teoría de la "judicialización de la política" para defender a Homs y justificar su presencia entre el medio centenar de políticos y dirigentes de las plataformas separatistas catalanas.
Todos a una, han acusado a la Fiscalía de actuar a las órdenes del Gobierno del PP y al partido que sostiene el Ejecutivo en funciones de no saber abordar lo que consideran un "problema político". Tras dos horas de interrogatorio, que Homs ha calificado de "vivo, pero cortés", la procesión, formada por algo menos de cincuenta personas, se ha personado en la delegación de la Generalidad en Madrid, donde la estrella del día ha protagonizado una rueda de prensa en la que ha llegado a decir que recibió una comunicación en la que se le advertía de que si no se presentaba este lunes a declarar podría ser detenido. Cabe insistir en que la comparecencia en sede judicial se ha producido a petición del interesado.
Un pin con la estelada
Homs, que lucía un pin de la estelada tanto en el Supremo como en la sede madrileña del gobierno catalán ha aprovechado el interés de los medios para exponer su línea de defensa, la de que actuaron movidos por las "órdenes" del "pueblo catalán representado por el 'Parlament'", que lo volvería a hacer y que no piensa acatar "políticamente" lo que resuelva el Supremo porque, a su parecer, el 9-N y el proceso separatista son un asunto "político y no jurídico".
A pesar de que todavía no se ha decidido si Homs será sometido a juicio, aseguró que "la sentencia ya está escrita". "Quieren tumbar a alguien -añadió- para acabar con el proceso, pero no lo conseguirán porque "actuamos de forma cívica, pacífica y legal".
Según Homs, esta causa es la constatación de que la Fiscalía y los jueces actúan al albur del Partido Popular. Ha hablado de abuso de Derecho y, como prueba, se ha referido a las grabaciones que precipitaron la salida del director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.
Tras las graves acusaciones a la Fiscalía, el político separatista aseguró que la actuación judicial aumenta el número de independentistas y da fuerza al llamado "proceso". "No nos van a amedrentar", remachó. Así pues, se redobla el desafío y la intención expresa de desacatar las resoluciones judiciales, tal como ha venido sucediendo hasta ahora.