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La guardia pretoriana de Pujol se sienta en el banquillo

Comienza el juicio en la Audiencia Nacional por la trama de corrupción urbanística de Alavedra, Prenafeta y el exalcalde socialista de Santa Coloma.

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Comienza el juicio en la Audiencia Nacional por la trama de corrupción urbanística de Alavedra, Prenafeta y el exalcalde socialista de Santa Coloma.
Jordi Pujol. | Archivo

Al igual que en el caso Palau, ocho años después de que el entonces juez Baltasar Garzón ordenara el registro del Ayuntamiento de Santa Coloma y la detención de su alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, así como del exdiputado socialista Luis García, llamado Luigi por sus socios, y de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, dos de los hombres claves del pujolismo, en la Audiencia Nacional comienza el juicio por el denominado caso Pretoria, una trama de corrupción urbanística "sociovergente" que reportó millones de euros a los acusados.

Corría octubre de 2009, meses después de la entrada de los Mossos en el Palau de la Música y la confesión de Fèlix Millet y Jordi Montull, su segundo de a bordo, cuando se desmanteló la "banda" en la que los viejos socios de Pujol, el alcalde y el concejal de urbanismo de la época en Santa Coloma, Manuel Dobarco, entre otros, se dedicaban a la práctica de los pelotazos inmobiliarios, tanto en la citada localidad como en Badalona (el puerto) y San Andrés de Llavaneras, cuyos ayuntamientos también fueron registrados por la Guardia Civil.

Tras la suspensión de Garzón, se hizo cargo del expediente Pablo Ruz, de cuya instrucción se derivan los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El monto económico de las operaciones supuestamente delictivas asciende a más de 44 millones de euros.

La fiscalía pide seis años y diez meses de cárcel para Alavedra, Prenafeta y el exalcalde Muñoz y ocho para Luis García, a quien se considera el cerebro de las operaciones urbanísticas, consistentes en la compra de terrenos que luego eran recalificados para la construcción de vivienda libre y centros comerciales y vendidos con suculentas plusvalías. Junto a ellos se sentarán en el banquillo diversos empresarios, cargos locales y la esposa de Prenafeta hasta un total de once personas.

Los acusados operaron desde 2001, cuando Pujol ya había dejado en la estacada a sus viejos compañeros con los que irrumpió en la Generalidad restaurada, hasta su desarticulación en octubre de 2009 a raíz de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria sobre blanqueo de capitales en la isla de Jersey en 2002.

La operación Pretoria debe su nombre a la calidad de prohombres del nacionalismo y amigos de Pujol de Alavedra, exconsejero autonómico, y Prenafeta, secretario general de Presidencia de la Generalidad, un hombre que fue presentado a Pujol por su esposa, Marta Ferrusola, en los tiempos fundacionales de Convergencia.

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