La investigación sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular necesita un impulso y las acusaciones populares han apretado un poco más la tuerca. Desde su Juzgado Central de Instrucción nº5, José de la Mata reabrió la causa que Pablo Ruz había culminado en 2015 concluyendo contra los extesoreros de la formación Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Las actuaciones se basaron entonces en los llamados papeles de Bárcenas con anotaciones manuscritas que reflejarían por un lado pagos en negro a la cúpula de la formación, los famosos sobresueldos, y por otro supuestas comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas amañadas.
Las revelaciones de Francisco Correa en el juicio principal del caso Gürtel provocaron la reapertura de la causa. El cabecilla de la trama identificó a varias multinacionales como ACS, OHL, Dragados o Degrémont que habrían entregado mordidas de entre el 2% y el 3% al Partido Popular por contratos concedidos desde los ministerios de Fomento y Medio Ambiente. Sin embargo, cuando el juez José de la Mata citó en calidad de imputado al propio Correa para que trasladara su confesión, se acogió misteriosamente a su derecho a no declarar. Y la investigación encalló.
Delito electoral continuado
La reacción ha llegado desde la acusación popular que conforman Izquierda Unida, ALA, Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y Los Verdes. Los colectivos solicitan colaboración entre el Juzgado nº5 de José de la Mata y el nº6 de Eloy Velasco. Este último instruye la Operación Púnica, que en una de sus múltiples vertientes analiza la supuesta contabilidad B de la delegación del PP en la Comunidad de Madrid. Tarde o temprano se produciría esta petición, puesto que las actuaciones judiciales sobre una y otra supuesta caja paralela ya convergen en demasiados puntos.
La acusación popular dirige de nuevo la mirada a varios empresarios que fueron imputados a raíz de su querella inicial, pero contra quienes la causa fue sobreseída provisionalmente por el juez Ruz ante la falta de pruebas que demostraran la vinculación entre las donaciones al Partido Popular recogidas en los papeles de Bárcenas y la adjudicación de contratos públicos. Sin embargo, recoge el escrito de Izquierda Unida y el resto de plataformas, "en las últimas semanas se han ido conociendo una serie de hechos y conductas irregulares de dirigentes del Partido Popular en relación a las elecciones celebradas en los años 2003, 2004, 2008 y 2011". Piden a José de la Mata que "esta información intervenida en el caso Púnica sobre financiación ilícita en procesos electorales, en especial elecciones generales o europeas, se aporte también a la causa de los papeles de Bárcenas".
Estos hechos "servirían para ampliar el amplio acervo probatorio ya existente en la pieza separada, pero también para corroborar el presunto modus operandi y la actuación continuada para la financiación ilícita del Partido Popular, el falseamiento de sus cuentas electorales o el blanqueo de fondos electorales opacos, es decir, de la comisión de un delito electoral continuado", entiende la acusación popular. También aportaría datos para "confirmar la participación continuada de Lapuerta y Bárcenas, quienes han sido administradores generales de las campañas del Partido Popular ante la Administración electoral y los órganos de control contable".
Más nombres en la palestra
La acusación popular solicita la declaración en calidad de investigados de personas vinculadas a Dregémont, también de José Luis Izquierdo, supuesto autor de la contabilidad del dinero negro en las empresas de Francisco Correa, núcleo de la trama Gürtel; y de Ubaldo Nieto, expresidente del Tribunal de Cuentas.
Aunque el escrito que han entregado los colectivos al juez José de la Mata vuelve contra los empresarios que ya fueron investigados sin más consecuencias. Pide que cite a declarar en calidad de investigados respecto a los papeles de Bárcenas y las novedades datadas "en el periodo temporal anterior a las Elecciones Generales de los años 2004, 2008 y 2011" a: José Luis Sánchez Domínguez, presidente del Grupo Sando, con peso en Andalucía y que fue imputado por la juez Alaya en el caso de los ERE; Manuel Contreras Caro y Guillermo Contreras Caro, del Gupo Azvi, cuyo primo fue gerente del PP en Andalucía; Antonio Fernández Rubio, fundador del Grupo Aldesa; Camilo José Alcalá, de Cyopsa-Sisocia, investigado por transferir 400.000 euros al exalcalde popular de Toledo José Manuel Molina; José Antonio Romero Polo, del grupo Romero Polo; Antonio Vilela Jerez, del Grupo Rubau; Juan Cotino, de Fadesa, imputado en la Gürtel y el caso Brugal, además de salpicado en casi todas las tramas de corrupción del PP en Valencia; Juan Roig, presidente de Mercadona; José Luis Suárez Gutiérrez, de Copasa; Luis del Rivero, de Sacyr Vallehermoso, cuyo nombre aparece en los papeles de Panamá; Juan Miguel Villar Mir, fundador de OHL, ministro de Hacienda con Carlos Arias Navarro; y Raimon Aigé, de Sorigue-ACSA.