Nada más allá de lo esperado en el interrogatorio a Lourdes Cavero. La esposa de Ignacio González ha comparecido como investigada por un delito de blanqueo de capitales en el marco de la Operación Lezo. Según fuentes presentes en el interrogatorio, ha reproducido la versión más común en este tipo de roles, con una sutil contradicción: después de sostener que ni ella ni su marido han manejado jamás dinero negro, ha asegurado que no conocía los pormenores de la actividad empresarial del expresidente madrileño, en prisión incondicional desde el pasado 21 de abril, porque no hablaban de ello.
Han sido 25 minutos de declaración ante el juez instructor y la Fiscalía. La imputada ha contestado a todas las preguntas, centradas en la actividad empresarial de Lourdes Cavero. Han dirigido el foco hacia dos sociedades que dirigió, la red de guarderías Chickies y la casa de subastas Segre, que, en base a los indicios, se habrían financiado con dinero en B.
En cuanto a la casa de subastas, puso a la venta el pasado año 110 lotes de relojes, joyas y plumas -una de ellas adjudicada por 18.000 de euros- intervenidos en la Operación Púnica a David Marjaliza, exsocio del exconsejero madrileño Francisco Granados. En la red de guarderías de Cavero también figuran como partícipes dos de sus sobrinas, Rocío y Leticia Bonet Cavero, que comparecerán el viernes también como imputadas por el delito blanqueo de capitales en la supuesta trama de desvío de fondos públicos desde el Canal de Isabel II y sus empresas satélite.
En la ronda de interrogatorios impulsada por García-Castellón, también comparecerá José Juan Caballero, casado con Isabel González, hermana del expresidente, y promotor del campo de golf del Canal de Isabel II en el distrito madrileño de Chamberí que se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros. Junto con Ignacio González, el único que permanece en prisión provisional por la red de corrupción es su considerado hombre fuerte en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino, exconsejero de La Razón.