Puigdemont amenaza con votar la independencia que se firmó el día 10

El presidente de la Generalidad y el núcleo director del golpe en Cataluña se han tomado con algo más de seriedad el final de la "tregua" concedida el pasado martes por el Gobierno. La carta de respuesta al plazo de Rajoy ha trascendido a las diez de la mañana, cuando vencía. No ha habido, por tanto, filtración a las emisoras catalanas y los medios afectos. Esta vez se trata de un somero folio sin los floridos aportes documentales del primer intercambio epistolar.

Tras invocar de nuevo los resultados del referéndum del 1 de octubre y compararlos con el Brexit, Puidemont alude a los Jordis, sostiene que la independencia está en suspenso, introduce el término diálogo y viene a no responder en los dos últimos párrafos: "Esta suspensión (de la república independiente de Cataluña) continúa vigente. La decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del Estado, previa autorización del Senado. Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar".

"Finalmente, si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no se votó el día 10 de octubre", concluye Puigdemont.

El presidente de la Generalidad incurre en el verbo persistir en un intercambio epistolar con Rajoy que entrará en los anales de la sordidez política. Puigdemont mantiene el "equilibrio", pide una reunión y alude al desastre del Brexit para justificar el carácter vinculante del 1-O, un "referéndum" al que no le dieron validez ni los observadores internacionales contratados por la Generalidad. Y no fue precisamente por las cargas policiales. A pesar del encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, de lo que Puigdemont llama "represión", la suspensión de la independencia sigue "vigente" en pos del "diálogo" que según el presidente de la Generalidad propone todo el mundo.

Puigdemont rechaza la oferta de Rajoy

Dos suspensiones chocan. La de la independencia, decretada por Puigdemont y suspendida por el propio Puigdemont, y la de la autonomía, la aplicación con extremo cuidado del artículo 155. Puigdemont rechaza de plano la pista de aterrizaje que le ha tendido Rajoy y que se mantendrá abierta, salvo mayúscula sorpresa, hasta el próximo sábado, fecha fijada para el Consejo de Ministros que abordará el caso de Puigdemont y compañía.

Ni siquiera el hecho de que Rajoy esté dispuesto a aceptar que Puigdemont proclame la república y convoque elecciones "constituyentes" parece hacer mella, de momento, en el entendimiento de los nacionalistas, arrastrados por la ANC, Òmnium y la CUP en una deriva que amenaza con provocar en Cataluña una recesión económica histórica.

La radicalización del núcleo duro de las entidades separatistas tras la prisión provisional de los Jordis en Soto del Real reduce la capacidad de maniobra política de Puigdemont, Mas, Junqueras y el resto de implicados. El separatismo está calentado motores para una secuencia de movilizaciones de tono insurreccional con las que pretenden forzar el brazo del Gobierno y darle un vuelco a la situación. La inactividad del Gobierno y la situación procesal de los cabecillas de la ANC y Òmnium y del jefe de la policía de la Generalidad, Josep Lluís Trapero, juegan a favor de la tensión social y la ocupación de las calles. Más de 24 horas después de la manifestación independentista de las velas se ha podido reabrir, en la mañana del jueves, la Diagonal entre el paseo de Gracia y la plaza de Francesc Macià. El civismo de los cirios por los suelos y el derrame de la cera por la libertad de los "presos políticos" provocaron un monumental colapso de tránsito durante todo el miércoles en la capital catalana. El Ayuntamiento de Ada Colau ni se plantea exigir responsabilidades a los convocantes, ANC y Òmnium, "las entidades de acreditada trayectoria cívica, pacífica y democrática", según escribe Puigdemont en su misiva.

Estado de excepción

En Cataluña hay un estado de excepción "de facto" provocado por las administraciones controladas por los nacionalistas y sus extensiones ANC y Òmnium. La fractura social ya no es noticia. La fuga de empresas, tampoco. Los líderes del golpe han anunciado que piensan llegar hasta el final. La carta de Puigdemont es una nueva prueba. Las pérdidas económicas y la sombra de una larga crisis social, política y económica no arredran al frente separatista. Los contactos bajo mano, las intensas negociaciones con "Madrid", las inauditas proposiciones de volver a la casilla de salida, a la situación anterior al 6 y 7 de septiembre, cuando se votaron las "leyes" del referéndum y transitoriedad jurídica ya entonces suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional, no convencen a los nacionalistas, animados por el cuartelillo que les da el Gobierno y que traducen como una señal de debilidad del Estado, el Gobierno y los partidos "constitucionalistas".

Explicación nacionalista

Los nacionalistas se aferran, además, al segundo párrafo de la carta de Puigdemont para decir que no se ha declarado la independencia: "El 10 de octubre, el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos; y donde propuse dejar sin efecto los efectos de aquel mandato popular". Los voceros de ERC, PDeCAT y Podemos insisten en que ahí está la prueba de que Puigdemont no proclamó la república. Consta también un documento por escrito firmado por los 62 diputados de Junts pel Sí y los diez de la CUP.