El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha alegado ante la Audiencia Nacional que en ningún caso impidió ni instó a impedir la actuación de la Guardia Civil en la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre contra los preparativos del 1-O: "El objetivo era la protesta y no impedir los registros".
Aquel día, los agentes de la Guardia Civil que participaron en el registro permanecieron unas 20 horas atrapados en la sede institucional por la presión que los radicales independentistas estaban haciendo en la entrada y calles aledañas. Además, tres vehículos de la Benemérita quedaron destrozados por los manifestantes, que también lanzaron objetos contra la policía autonómica.
Según han informado este domingo fuentes de Òmnium, la abogada de Cuixart, Marina Roig, presentó este sábado a las 22 horas un recurso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para pedir su puesta en libertad, después de que el pasado lunes la juez Carmen Lamela ordenara prisión provisional para él y para el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, por un delito de sedición, penado con hasta diez años de cárcel.
La magistrada atendió la petición de la Fiscalía tras tomarles declaración por segunda vez el pasado lunes y les envió a prisión al entender que en las convocatorias hechas por los líderes soberanistas se hacía un llamamiento, no a una manifestación pacífica, sino a la protección de los gobernantes catalanes mediante "movilizaciones ciudadanas masivas".
En el recurso se aporta material videográfico que, según la defensa, demuestra que en todo momento Cuixart hizo llamamientos a la movilización pacífica y que pidió expresamente respeto a los Mossos d'Esquadra y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.
También se refleja que pidió que se aislara a cualquier persona que mantuviera actitudes violentas y que medió para que la Guardia Civil pudiera salir de la Consejeria de Economía, además de afirmar desde primera hora del mediodía que la movilización pacífica acababa a las 00.00 horas.
Asimismo, aportan pruebas de que la manifestación y la protesta "se engloba en un movimiento social más amplio".
Consideran que el riesgo de fuga no está justificado porque Cuixart tiene trabajo y domicilio conocido, el mismo argumento que la juez atendió para desestimar el riesgo de fuga del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, (investigado en la misma causa) por lo que piden por "un principio de igualdad" aplicar el mismo criterio.
Sobre el riesgo de destrucción de pruebas, recuerdan que no fue alegado por el fiscal y por lo tanto la juez tampoco lo puede hacer, y sobre el riesgo de reiteración delictiva, aseguran que "la juez no concreta a qué se refiere".