El diputado de JxCat en el Parlament Jordi Sànchez ha dado marcha atrás a la renuncia a su acta, que había anunciado, y prevé ahora mantener el escaño de momento e incluso a volver a optar a la investidura como presidente. Su abogado, Jordi Pina, ha asegurado este lunes en rueda de prensa –donde estaba el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa– que de momento mantendrá el escaño y que, tras hablar con él el sábado, le ha trasladado que está abierto a volver a optar a la investidura si lo considera oportuno el presidente del Parlamento regional, Roger Torrent.
El abogada justifica este cambio en las medidas cautelares que ha dictado el comité de la ONU por la mera admisión a trámite del recurso presentado por Sánchez ante el organismo internacional. Aunque no es más que una simple admisión a trámite y la ONU no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, el separatismo y su aparato de propaganda están vendiendo este trámite vacío de contenido como una gran triunfo.
La defensa ha enviado este lunes un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena –instructor de la causa por rebelión contra Sànchez– en que le comunica las medidas cautelares que ha dictado el comité de la ONU, de manera provisional hasta que haya una resolución, y le han pedido que, si vuelve a ser candidato, le ponga en libertad para que pueda acudir a la investidura.
En el escrito, recogido por Europa Press, el abogado del despacho Molins & Silva solicita al instructor que, en base a la simple admisión a trámite del Comité de derechos humanos, "proceda, a la mayor brevedad, al pleno restablecimiento de los derechos políticos" de Sànchez, incluido su derecho a acceder a la Presidencia de la Generalidad.
Propone en primera instancia que le deje en libertad provisional, o bien que se le permita acudir al pleno de investidura en caso de ser propuesto o poder participar por videoconferencia. "Esta defensa está absolutamente convencida de que el magistrado no propiciará que España incumpla sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos y políticos, lo que sería especialmente grave y preocupante tratándose de una decisión del Tribunal Supremo", argumenta.
El vicepresidente primero del Parlamento regional catalán, Josep Costa (JxCat) –que ha asistido a la rueda de prensa– ha declarado a los periodistas que, "si España incumple este mandato", puede tener consecuencias en los casos de los otros procesados y especialmente en los procedimientos de extradición, al "quedar frente a terceros países como un Estado que incumple mandatos del Comité".