Hay suspensión de los presos. La Mesa del Congreso ha acordado la suspensión de los cuatro parlamentarios presos por el 1 de octubre tras una reunión de una hora tras la que ha comparecido su presidenta, Meritxell Batet, en la cámara baja. Batet ha defendido que ésta es "la decisión más prudente, más garantista y lo que permitía mayor garantía jurídica".
Una decisión que se ha tomado en contra del criterio de Unidas Podemos que han mostrado su desacuerdo por la falta de tiempo para estudiar con detenimiento el informe de los letrados de la Cámara Baja. El escrito avala la suspensión de los cuatro diputados afectados por la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 384 bis y no por el reglamento del Congreso.
En el último párrafo de este informe al que ha tenido acceso Libertad Digital, los letrados expresan que "corresponde a la Mesa del Congreso declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo a los diputados, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Turull. Y, asimismo, le copete señalar el alcance de esta suspensión mientras dure la situación de prisión, adoptando las medidas precisas para dar plena efectividad a la previsión legal".
Algo que le ha servido a Batet para ratificar que "las dudas jurídicas" estaban justificadas así como la petición del informe a los letrados. Pero esta visión es antagónica a la expresada al término de la mesa por la vicepresidenta segunda, Ana Pastor, para quien "el informe de los letrados nos da la razón porque el artículo 384 bis era de aplicación inmediata. Nos han dado la razón pero hemos perdido 48 horas".
Un tiempo en el que, según el portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha quedado claro que "no había ninguna razón para provocar este retraso" que se podría haber suspendido a los presos el mismo martes 21 de mayo de la constitución de las Cortes pero que no se ha hecho porque "parece que el señor Pedro Sánchez y la señora Batet no quiere quedar mal con los independentistas y tienen que tomar excusas para no hacer lo que estarían obligados por Ley a realizar".
Sin embargo, la decisión está pendiente de algunos flecos como la repercusión que la suspensión de los cuatro parlamentarios afecta al cómputo de mayorías y si, de no entregar el acta, la mayoría absoluta de la cual depende el presidente Pedro Sánchez para lograr la investidura se rebaja desde los 176 escaños requeridos. Algo por lo que se ha acordado solicitar un nuevo informe a los servicios jurídicos de la cámara.
La decisión de este viernes tras dos días de pulso institucional entre el Tribunal Supremo y el Congreso de los Diputados supone una rectificación sobre la intención inicial de Meritxell Batet era posponer la decisión hasta después de las elecciones de este domingo 26 de mayo. La presión, tanto jurídica como política, tanto por la vía del Supremo y su Fiscalía como por la parlamentaria de PP y Ciudadanos que exigían la suspensión inmediata, ha podido más. No será posible posponer la decisión que se aplicará de forma inmediata este viernes, a dos días de las elecciones municipales y autonómicas.