El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, conocido como el Gordo, ha desvelado al juez que desde su Unidad se investigaban llamadas telefónicas de particulares y empresas "sin autorización judicial". El comisario cesado ha declarado este martes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el marco del caso Villarejo.
Según fuentes presentes en la declaración consultadas por esRadio y Libertad Digital, García Castaño ha relatado al magistrado cómo desde la Unidad Central de Apoyo Operativo que dirigió desde 1994 hasta 2017 se realizaban estas investigaciones encubiertas sobre el "tráfico de llamadas telefónicas de edificios enteros o sobre el consumo energético" que afectaban a personas y a empresas. Los resultados de estas actuaciones efectuadas sin permiso judicial "no llegaban a judicializarse". La UCAO es el órgano policial encargado de la logística de los seguimientos, escuchas y grabaciones telefónicas.
García Castaño, investigado en la denominada operación Tándem junto al comisario José Villarejo, ha explicado al juez que esta práctica irregular se llevaba a cabo con mucha frecuencia cuando recibían peticiones de información por parte de las brigadas policiales. La solicitud llegaba a la UCAO, dicha Unidad realizaba la investigación encubierta y, posteriormente, la información obtenida era remitida a la brigada que la había solicitado. Todo ello, sin conocimiento de ninguna autoridad judicial, por lo que podría constituir un posible delito de escuchas ilegales contra los derechos fundamentales.
Cabe destacar que la Policía tiene medios tecnológicos para grabar llamadas telefónicas simultáneas de un edificio entero desde una distancia de 500 metros. Los "barridos" sin permiso judicial se habrían realizado en la Unidad Central de Apoyo Operativo desde hace muchos años y con diversos Gobiernos del PSOE y el PP en el poder. No se descarta que algunas causas judiciales ya con sentencia firme hubieran tenido su inicio en pinchazos telefónicos policiales no autorizados.
Estas "investigaciones ilegales" recogían innumerables datos personales y estadísticos que eran almacenadas en un ordenador que fue entregado por la UCAO a la propia Audiencia Nacional hace pocos días a petición del juez. Dicho ordenador se encontraba en las instalaciones de esta Unidad policial y el contenido del mismo podría constituir "una prueba clave" para la causa, dónde se podrían acreditar las prácticas irregulares de las cloacas policiales, en las que participaban distintos mandos y funcionarios.
El policía Constancio Riaño desveló el pasado 23 de septiembre la existencia del mencionado ordenador durante su declaración en sede judicial. Según Riaño, en dicho ordenador, que no estaba conectado con la Comisaría General de Información, los agentes registraban las consultas de información que se realizaban con fines de control y también estadísticos.
Las fuentes policiales consultadas por este diario denuncian "la irregularidad de estos procedimientos, debido a que todas las acciones que vulneren derechos fundamentales deben realizarse con control judicial, una vez se han aportado al Juzgado indicios de delitos y el juez lo autoriza" y en este caso "se han estado utilizando recursos públicos al margen de la justicia".
Las mismas fuentes policiales subrayan que los responsables policiales investigados "no tienen conocimientos necesarios para realizar dichas acciones, por lo que podría existir cierto favoritismo hacia los agentes que ejecutaban las órdenes". "La corrupción policial no sólo afecta a la cúpula, sino a algunos pocos funcionarios que prestaban sus servicios a esa cúpula", concluyen.
Gestionó hasta 1 millón de euros de fondos reservados
El comisario cesado Enrique García Castaño también se ha referido durante su declaración de este martes al uso y gestión de fondos reservados. Las mismas fuentes consultadas por este diario apuntan que el mando policial ha asegurado que llegó a gestionar en total cerca de "un millón de euros de fondos reservados para operaciones, colaboradores y agasajos".
García Castaño ya declaró ante la Audiencia Nacional que los 500.000 euros que ingresó en efectivo en una cuenta durante más de una década procedían de fondos reservados. Este martes ha concretado que él pagaba de su bolsillo estos fondos para temas de urgencia porque no hay tarjetas de crédito para este fin, y que luego se lo reembolsaban. Habitualmente, "unos 3.000 o 4.000 euros mensuales".
Por último, el comisario cesado también habría asegurado ante el juez que su relación con Villarejo era "estrictamente policial" y que no participaba en otros negocios con él que son investigados actualmente en la Audiencia Nacional.