El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, permitió que Podemos incumpliera la Ley de Seguridad Privada desde el año 2014.
El artículo 38 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada establece que "los servicios de seguridad privada se prestarán únicamente por empresas de seguridad privada, despachos de detectives y personal de seguridad privada. Los vigilantes de seguridad, escoltas privados y jefes de seguridad desempeñarán sus funciones profesionales integrados en las empresas de seguridad que les tengan contratados". El incumplimiento de dicha Ley puede acarrear sanciones administrativas de hasta 600.000 euros.
Libertad Digital publica en exclusiva un email enviado el 27 de octubre de 2014 por el entonces director de Seguridad de Podemos, Sergio Illanes alias Manzana a la entonces cúpula del partido. Concretamente, a Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero y Luis Alegre.
En dicho correo electrónico, el director de Seguridad del partido alertaba a Iglesias y al resto de dirigentes de la formación morada de que en sus apariciones públicas no hablasen en ningún momento de personal de seguridad del partido, porque al no haber contratado a una empresa de seguridad les "podría acarrear problemas":
Dado que sois los portavoces habituales, es conveniente tener alguna que otra idea clara. Nosotros, NO tenemos seguridad en el partido, sino compañeros-voluntarios que hacen labores puntuales de acompañamiento y a una persona encargada de gestionar y coordinar con Policía Nacional los desplazamientos, actos, etc...
Insisto, NO hay nadie con titulación dentro del equipo de apoyo que pueda reconocerse como Seguridad y que alguien diga la palabra de seguridad, podría acarrear problemas. Esta misma semana, me reuniré con la persona que nos dio la jornada de formación y veremos cuál es la mejor manera de dejar esto cerrado.
Aprovecho para comentar a Pablo, que este, no para de insistirme en que quiere conocerte, invitarte a comer, montar a caballo, etc.
Ya comentamos y un abrazo.
Mzna.
Tres días después, el 30 de octubre de 2014, Iglesias contestaba dicho email con un escueto "ok". Es decir, el líder de Podemos permitió que su formación incumpliera la Ley de Seguridad Privada, camuflando a personal del partido que desempeñaba la función de escolta como personal de logística y apoyo.
"Las empresas de seguridad eran fascistas y del PP"
Fuentes de Podemos aseguran a LD que Pablo Iglesias, Iñigo Errejón e Irene Montero disponían de "personal de escolta" que ejercían funciones de seguridad y protección de personas, "contratados por el partido y no a través de empresas de seguridad privada, tal y como exige la Ley".
"Todo esto lo sabía Iglesias, pero no querían contratar a empresas privadas porque opinaban que los empleados de estas compañías eran fascistas y que estaban gestionadas por gente con mucho dinero próxima al Partido Popular", apuntan.
"Contó con la complicidad de los miembros del partido para evitar cumplir la ley, camuflando sus funciones con el eufemismo de ‘personal de logística y apoyo’, y detallando que hacían funciones de chófer, control de agenda y asistente personal, que también lo hacían, pero en el fondo actuaban como ‘escoltas’. Todos tenía la correspondiente titulación de escoltas y si realmente fueran asistentes administrativos no se les hubiera requerido el título para ser contratados por Podemos", añaden las mismas fuentes.
Responsable de Cumplimiento Normativo
Desde 2016 hasta marzo de 2017, el Responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos era Raúl Carballedo, el mismo que despeña en la actualidad esta función tras el despido de Mónica Carmona. Según las mismas fuentes, "Carballedo realizó un informe en 2017 contrario a la realidad del partido, poniéndose en contra del director de seguridad de Podemos en aquellas fechas, Sergio Illanes, alias Manzana", que había advertido de esta presunta ilegalidad.
Tal y como desveló este diario, tras estallar el caso de la escolta-recadera de Irene Montero, la entonces responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, solicitó el 25 de noviembre de 2019 al partido toda la documentación sobre la escolta porque "la Policía estaba investigando la posible contratación ilegal de la trabajadora por parte de Podemos como escolta, infringiendo así la Ley de Seguridad Privada, por lo cual consideré que los hechos eran muy graves, podían ser constitutivos de infracción y debía investigarlos". La respuesta fue su despido fulminante una semana después.