El gran acto propagandístico diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez para poner de manifiesto el final del terrorismo autóctono en nuestro país no ha alcanzado, ni de lejos, las dimensiones con las que había sido diseñado por los estrategas gubernamentales. Las ausencias se han convertido en las grandes protagonistas del acto de defunción de la actividad criminal de ETA y los GRAPO.
Estaban invitados hasta cuatro expresidentes del Gobierno. Pero ni Felipe González, ni José María Aznar, ni José Luis Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy han querido asistir al acto. La realidad ha sido que el único inquilino de La Moncloa que ha estado en la escenificación, el propio Sánchez, no ha tenido ni que combatir ni que enfrentarse a una lacra que ha azotado a la sociedad española durante cincuenta años.
Tampoco han estado presentes los principales líderes de la oposición. Ni Pablo Casado ni Inés Arrimadas le han dado el gusto al presidente del Gobierno de acudir a su convocatoria. Tampoco los presidentes autonómicos que habían sido invitados, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Faltaban víctimas
Pero, sin lugar a dudas, lo más llamativo son las ausencias entre las víctimas del terrorismo. Sí ha estado la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), representada por su presidenta, Maite Araluce, que ha aprovechado la ocasión para acercarse al presidente del Gobierno y pedirle explicaciones por los acercamientos de presos de ETA que se están llevando a cabo, algo que llevan meses exigiendo al Ministerio del Interior sin fortuna.
Quienes no han estado pese a ser invitados han sido los representantes del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), ni Dignidad y Justicia ni la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT).
Quienes sí han estado, no podían faltar, son buena parte de los ministros socialistas del Gobierno. Ha estado Fernando Grande Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa), Arancha González Laya (Exteriores) y José Antonio Ocampo (Justicia). Muy cerca de ellos, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y varios representantes del poder judicial.
También ha habido representación de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza y los Mossos d`Esquadra. Y aquí ha estado una de las sorpresas de la jornada, ya que a la presencia confirmada del mayor Ferrán López se ha unido a última hora la de Josep Lluis Trapero.
Destrucción de armas
El acto en sí, que no ha llegado a la media hora, ha consistido en iniciar el proceso de destrucción de 1.377 armas completas y 19 piezas que permanecían bajo custodia de la Intervención de Armas de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil. Una apisonadora ha pasado por encima de ellas en el patio del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de la Guardia Civil, en Valdemoro (Madrid).
Son armas de fuego intervenidas a grupos de terroristas de ETA y del PCE(r)-Grapo en operaciones policiales desarrolladas en España, sujetas a sumarios instruidos por los distintos juzgados centrales de la Audiencia Nacional entre 1977 y 2005. En septiembre de 2016, la Sala de Gobierno de este órgano judicial dictó una resolución en la que autorizó la destrucción de todo este armamento.
En cuanto a la tipología de las armas, se van a destruir: 697 pistolas, 172 revólveres, y 274 subfusiles. El resto son fusiles de asalto, rifles de precisión y escopetas de ánima lisa. El 90 por ciento de las armas destruidas corresponde a la banda terrorista ETA, incautadas a diferentes grupos etarras.