La titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha abierto una investigación sobre el rescate del Gobierno y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros con un préstamo participativo por valor de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital confirman que la magistrada ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias el pasado 25 de marzo contra el presidente, en funciones del SEPI, Bartolomé Lora Toro, por un presunto delito de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
En un auto de 2 páginas, al que ha tenido acceso LD, la magistrada afirma que "los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Por ello, "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que hayan participado".
Manos Limpias presentó recientemente una denuncia ampliatoria por estos mismos hechos por delitos de corrupción en los negocios y delito al mercado y a los consumidores contra el presidente de la aerolínea Plus Ultra, Fernando García Manso, y contra los máximos accionistas venezolanos de la compañía, José Reyes Rojas, y Raif El Airigie Harbie, a través de sus sociedades, Snip Aviation y Flyspain.
Según la segunda denuncia presentada por Manos Limpias, "se ha vulnerado la proporcionalidad de la ayuda. El punto 54 del Marco Temporal de Medidas de ayuda estatal para respaldar la economía en el contexto del actual brote de covid-19 elaborado por la Unión Europea, establece que para garantizar la proporcionalidad de la ayuda, no puede superar el mínimo necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario".
"Además, el Fondo de ayudas a la solvencia a empresas estratégicas, se dirige a compañías que no estuvieran en dificultades financieras antes del 31 de diciembre. Y esta empresa tenía acumulada una deuda de más de 10 millones de euros", sostenía el escrito.
Por ello, la denuncia concluía que "el rescate a la aerolínea Plus Ultra apunta a una motivación política y no económica y se incide además, de los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, en otros ilícitos penales".
Querella de Vox contra el Gobierno y la SEPI
Vox presentó una querella contra el Gobierno y la SEPI por el rescate de la aerolínea, al considerar que habrían cometido varios delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude fiscal y entramado societario fraudulento.
La vicesecretaria jurídica del partido, Marta Castro, presentaba la denuncia ante el Tribunal Supremo por la condición de aforados de los miembros del Consejo de Ministros contra los que se dirige, además del Consejo Gestor del Fondo para las ayudas económicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales por rescatar a la compañía con 53 millones de euros.
En la querella se acusaba a Plus Ultra de no reunir los requisitos establecidos por la Ley para ser beneficiaria del rescate al no ser una empresa estratégica con relevancia en su sector, ni haber registrado pérdidas ocasionadas por la covid, ya que las acarrea prácticamente desde su creación.
El partido acompaña la denuncia con documentación que acredita la vinculación de la empresa con entidades de capital extranjero, como SNIP AVIATION, S.L., FLYSPAIN, S.L., o SKY SOLUTION, S.L. entre otras, que podrían indicar la existencia de un entramado societario en la que estaría integrada, y cuya matriz sería una entidad con domicilio social en Panamá y de capital venezolano.