Ríos de tinta ocupó la alianza de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias desde que se conformó hace dos años por la necesidad de PSOE y Podemos de ocultar sus 1,7 millones de votos menos entre las elecciones de abril de 2019 y las de noviembre del mismo año. En apenas 24 horas el director del gabinete de Moncloa, Iván Redondo, perpetró el ‘pacto del abrazo’ que condenaría a Sánchez al insomnio hasta la salida de Iglesias de Moncloa para estrellarse en las elecciones madrileñas del 4-M.
Sin embargo, lo que en realidad quita el sueño al jefe del Ejecutivo y a sus gurús es la alianza con quien verdaderamente tiene la llave de la legislatura: ERC. Los socios republicanos de Sánchez, los tapados en la sombra desde 2018, son quienes marcan la pauta de la legislatura y mantienen con respiración asistida la permanencia de Pedro Sánchez en Moncloa. Los primeros coqueteos con la formación secesionista se produjeron en 2016, cuando el PSOE inició conversaciones para la investidura fallida de Pedro Sánchez, sobre la base de que "la abstención no se negocia".
Era el mantra usado por los socialistas justo antes de quitarse la careta y negociar abiertamente con ERC la investidura de Pedro Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018. La alianza Frankenstein abrió la veda a una interlocución que se institucionalizó meses después en la llamada ‘Rendición de Pedralbes’. Fue en diciembre de 2018 cuando Sánchez, con la pompa y ceremonia de una cumbre entre dos estados aparentemente iguales, cedió ante las exigencias del gobierno catalán, con Quim Torra a la cabeza, para conseguir amarrar los Presupuestos Generales del Estado.
De poco sirvió la cesión superlativa del Gobierno de suprimir una referencia expresa a la Constitución Española, argumentando que la Ley "es cambiante" y en la confianza de que había "un compromiso inequívoco de renuncia a la unilateralidad". Porque apenas tres meses después de conversaciones y mesas de diálogo, ERC presentó una enmienda a la totalidad a los PGE que sorprendió e indignó a los de Pedro Sánchez a partes iguales. Especialmente, a su número dos, Carmen Calvo, quien lideró las conversaciones vía ‘FaceTime’ con el entonces número dos del Govern, Pere Aragonés y con Elsa Artadi.
Desde el Ejecutivo hablaban ya de Aragonés como el "mediador", que facilitaba el entendimiento con Torra y suavizaba sus afrentas, aunque al tiempo tuviera que "aguantar" conversaciones eternas con Calvo de constitucionalismo en las que "sólo hablaba ella". Ése fue el germen de una fructífera relación que sólo sufrió un bache en en febrero de 2019, con el fracaso de los PGE de Sánchez y la convocatoria de elecciones en abril del mismo año. A vista de águila, fue tan sólo una anécdota que fue subsanada un año después por los republicanos con su apoyo a la investidura de Sánchez, tras una repetición electoral, y a los primeros Presupuestos del nuevo presidente en enero de 2020 a cambio de una mesa de diálogo entre gobiernos en la que se incluiría la autodeterminación y el referéndum pactado en el orden del día.
Tres años después, ERC sigue exactamente en la misma posición y en las mismas tesis de unilateralidad pero el discurso de Pedro Sánchez, que apoyó el 155, defendió el "cumplimiento íntegro de las penas" de los presos del 1-O, prometió "acabar con los indultos por ser una injerencia del ejecutivo en el judicial" y prometió reformar el código penal para endurecer las penas para referéndums ilegales, se ha desvanecido. No queda nada del discurso de quien hoy negocia mano a mano con ERC la "letra pequeña" de la decisión sobre los indultos.
La verdadera mesa de negociación se desarrolla en la sombra y en ella, la filosofía de la amnistía es una realidad. Una amnistía encubierta en la que se decidirá sobre los 12 presos del 1-O en bloque; un indulto a la carta con conmutación generalizada de penas pero manteniendo, en principio, la inhabilitación de cargo público. Algo que, según fuentes parlamentarias consultadas por este periódico, "atenta contra el artículo 62 de la Constitución Española sobre el derecho de gracia que no puede ejecutarse de manera colectiva" sino individual.
"Queda un mes muy largo por delante", explican los negociadores ante una negociación que se desarrolla con celeridad para aprobar los indultos a finales de junio/principios de julio y que pretende escenificarse antes del verano con una doble reunión: la mesa de diálogo con Cataluña y el encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés en Moncloa. En Esquerra tienen claro que "si quieren que la legislatura avance hay que ir por la vía de normalidad" que, en sus términos, se traduce en nuevas cesiones del Ejecutivo. Y éste, ha decidido aceptar: "estamos dispuestos a pasar página y abrir una nueva página en Cataluña", solemnizó este viernes la vicepresidenta Carmen Calvo, lo cual, según Pedro Sánchez, supone desdecirse del 155 que para el nuevo Sánchez es sinónimo de "venganza y revancha".
Paradójicamente, la página de la historia que ocupará Pedro Sánchez está íntimamente ligada a otro 1 de octubre. El de 2016, cuando, un año antes del referéndum ilegal catalán, el entonces líder del PSOE salió por la puerta de Ferraz tras el intento de colocar otras urnas ilegales por parte de su secretario de Organización, César Luena, en un numantino Comité Federal. Sánchez llevó a su partido a la ruptura y el esperpento por negarse a apoyar la abstención técnica a la investidura del Mariano Rajoy a quien derrocó dos años después. Un ‘no es no’ que le costó la secretaría general pero le encumbraría a la victoria de sus segundas primarias.
Las malas lenguas de las baronías territoriales que hoy critican a media voz la decisión de los indultos son las mismas que, meses después del llamado ‘Comité federal de Puertohurraco’, revelaban que el verdadero motivo de la defenestración de Sánchez en Ferraz fue la información de que el secretario general tenía cerrado un acuerdo de investidura con ERC en el que se llegó a esbozar la palabra ‘República’. Esta semana el "mediador" Aragonés firmaba su primer documento oficial desde la "Generalitat Republicana"... Suma y Sigue.