Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital denuncian que la Ley de Seguridad Nacional "está hecha a medida para que el Gobierno de Pedro Sánchez actúe sin control democrático".
El Ejecutivo estudió el 22 de junio en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que obligará, entre otras cuestiones, a toda persona mayor de edad a realizar "prestaciones personales" que exijan las autoridades competentes en caso de que se declare un estado de crisis en nuestro país. De hecho, Sánchez podrá acordar la seguridad nacional por real decreto, sin pasar ni por el Congreso ni por el Consejo de Seguridad Nacional, y podrá saltarse los trámites "si existen razones de urgencia". Además, recoge la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo.
Las fuentes jurídicas consultadas por LD avisan que la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que prepara el Ejecutivo puede tener como objetivo "sustituir a la Ley orgánica del estado de alarma, excepción y sitio, que se fundamenta en el artículo 116 de la Constitución, para que el Gobierno tome decisiones en solitario si la pandemia de la covid-19 se vuelve a complicar".
"Esta nueva situación de emergencia por razones de seguridad nacional supone crear un nuevo estado no previsto en la Constitución, eliminando los controles políticos y judiciales y con restricción de derechos por ley ordinaria, en contra del artículo 53 de la Carta Magna", destacan.
"La clave es el control parlamentario. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana otorgaría plenos poderes a Sánchez sin tener que dar explicaciones al Congreso. El Ejecutivo actuaría de forma autónoma a la hora de establecer la limitación de derechos fundamentales y convertiría una Ley de coordinación en una Ley de intervención", afirman.
"Es imprescindible que se puedan reunir las Cortes y es un escándalo que el Gobierno no quiera someterse al control parlamentario. El problema es que la mayoría de los partidos políticos ya aceptaron la dictadura de Sánchez cuando apoyaron la segunda prórroga de 7 meses del estado de alarma", añaden. Recordamos que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el recurso que presentó Vox contra la primera declaración del estado de alarma, después de la maniobra de su presidente, González Rivas, y el sector progresista que lidera Conde Pumpido, para bloquear la sentencia que lo declara inconstitucional.
"Existe una gran falta de cultura democrática en la sociedad y el Ejecutivo está descontrolado. El problema es que se ha aceptado pacíficamente que el Gobierno suspenda derechos fundamentales durante meses. Es la cultura antidemocrática impuesta por un gobierno de izquierdas", concluyen.
¿Qué podrá hacer el Gobierno?
La reforma de la Ley de Seguridad Nacional permitirá al Gobierno disponer de "todos los recursos" públicos o privados y movilizar a los mayores de edad. Pedro Sánchez tendrá plenos poderes si decide que hay alguna crisis que justifique "una situación de seguridad nacional" y también tendrá más poder Iván Redondo. Según el borrador, la "Red de comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno" servirá como "mecanismo de apoyo" de la seguridad nacional.
El texto incluye una disposición adicional que apunta que todos "los documentos y la información manejada por el Sistema de Seguridad Nacional quedan excluidos del derecho de acceso a la información pública", es decir, fuera de las obligaciones estipuladas por la Ley de Transparencia. Esto supone que los contratos que pudiera hacer el Gobierno en "situaciones de interés para la seguridad nacional" para asegurar "autoabastecer a España bajo condiciones excepcionales" quedarían fuera de cualquier control en cuanto al procedimiento o el dinero que ha supuesto.
A esta opacidad en las adjudicaciones o los informes que maneje Moncloa se suman la creación de una "Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial", con una producción de las empresas que decida el Ejecutivo "adaptable" y "escalable" según las necesidades. Además, cabe recordar que el Gobierno podrá disponer de "todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas" y de los recursos privados "en manos de particulares".