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Podemos reactivó judicialmente el caso contra Alberto Rodríguez: "¿Error, negligencia o lucha interna?"

Fuentes internas de Podemos consultadas por LD aseguran que "la abogada del partido Marta Flor reactivó el expediente después de 1 año paralizado".

Podemos reactivó judicialmente el caso contra Alberto Rodríguez: "¿Error, negligencia o lucha interna?"
El exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez y la abogada Marta Flor. | Poder Judicial

Podemos reactivó judicialmente el caso contra Alberto Rodríguez. El ya exdiputado y ex secretario de Organización de la formación morada perdió su escaño en el Congreso tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 1 mes y 15 días de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por patear a un Policía como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad.

Fuentes internas de Podemos consultadas por Libertad Digital aseguran que "la abogada del partido Marta Flor Núñez se interesó en 2019 por el expediente penal de Rodríguez, cuando llevaba un año paralizado en el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), antes de que fuera remitido al Supremo".

Previamente, el Juzgado había dictado un auto en abril de 2018 declarando abierto el juicio oral contra Rodríguez y contra otros encausados, por delito de atentado a agentes de la autoridad. Contra dicho auto, la abogada Marta Flor interpuso un recurso alegando que Rodríguez era diputado y que, por esta razón, la competencia judicial correspondía al Supremo, al ser aforado.

Tras presentarse el citado recurso por parte de Flor, y a la vista del retraso del Juzgado en la tramitación del expediente judicial, la entonces responsable del equipo legal de Podemos, Gloria Elizo, "aconsejó no mover el asunto para intentar conseguir la prescripción del delito, igual que había sucedido con el otro proceso judicial penal de Alberto Rodríguez por hechos similares".

No obstante, Marta Flor no atendió los consejos jurídicos de Elizo y "por su cuenta y riesgo, de forma totalmente negligente, en el mes de junio de 2019 consultó el estado del expediente judicial para interesarse por el recurso que había interpuesto un año antes, provocando así la reactivación judicial del expediente y la interrupción de la prescripción del delito". Tras la consulta de la letrada de Podemos, el Juzgado resolvió el recurso y remitió la causa al Supremo, donde continuó la tramitación.

Según las mismas fuentes consultadas por LD, "Marta Flor actuó así para hacerse valer ante Alberto Rodríguez y Podemos en un momento delicado para ella puesto que había sido apartada del equipo legal y su puesto de trabajo corría peligro". Además, Rodríguez iba a ser nombrado nuevo secretario de Organización del partido en sustitución de Pablo Echenique y "quiso reactivar el asunto para intentar hacerse imprescindible".

"El procedimiento estaba paralizado desde el mes de mayo de 2018 y la estrategia jurídica de la defensa no podía ser otra que esperar e intentar una prescripción del delito, o al menos retrasar el procedimiento todo lo posible para diluir el asunto en el tiempo, evitar perjudicar la imagen del partido y al menos conseguir una atenuante muy cualificada por dilaciones indebidas", añaden.

"Error, negligencia o lucha interna"

Las fuentes consultadas por este diario subrayan que "desde el punto de vista jurídico de la defensa penal, el abogado del acusado debe ser el último interesado en que el procedimiento siga su curso, porque el paso del tiempo juega siempre a favor del investigado y puede conducir a la prescripción del delito. Lo que está claro es que la orden inicial era 'no hacer nada para que transcurra el tiempo' y Marta Flor lo reactivó. La duda es si fue por error, negligencia o formaba parte de las luchas internas".

Paradójicamente, Flor fue la letrada de Rodríguez durante el juicio celebrado en el Supremo el pasado 21 de septiembre en el que fue finalmente condenado. No obstante, tras conocer su pena y perder su escaño, cambió a Flor por el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y decidió presentar un recurso contra su condena ante el Tribunal Constitucional.

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