La Generalidad se personará en una de las piezas del "caso 3%", la financiación irregular de la antigua Convergencia a través de entramados societarios, facturas falsas, cobro de comisiones y demás prácticas corruptas. El presidente regional, Pere Aragonès, número dos del líder de ERC, Oriol Junqueras, ha dado órdenes por escrito al jefe de los servicios jurídicos de la Generalidad para que la administración autonómica se persone en el procedimiento a cargo del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Aragonés ha remitido una carta al director del gabinete jurídico de la Generalidad, Francesc Esteve (alto cargo a propuesta de Junts e hijo del expresidente de la Diputación de Barcelona, el convergente Salvador Esteve), en la que insta a la personación de la abogacía de la Generalidad al considerarse que "la investigación comprendería hechos que afectarían a los intereses y la esfera jurídica" de la administración catalana, según da cuenta "El Periódico de Catalunya".
La nota de Aragonès abunda en que la Generalidad podría haber resultado perjudicada en unas actuaciones que no duda en calificar de "fraude contra las administraciones públicas, malversación, tráfico de influencias o cohecho".
TV3, Madí, Triacom y Mediapro
La causa en la que se persona la Generalidad es una pieza separada del caso que implica a la productora Triacom, TV3 y personajes como David Madí, ex mano derecha de Artur Mas y uno de los impulsores en la sombra del proceso separatista. Según las investigaciones judiciales, Triacom facturaba a TV3 por programas que en realidad producía Mediapro a un precio mucho más barato que el que cobraba la primera de las productoras. Se da la circunstancia además de que Mediapro figura como propietaria de un 10% de Triacom, que dirigía un exgerente de TV3, Oriol Carbó. Según una información publicada en El diario el pasado mes de enero, Carbó pagó 420.000 euros a David Madí para costear los gastos del despacho que abrió tras haber logrado colocar a Artur Mas en la presidencia de la Generalidad.
En el plano político, la decisión de Aragonès se interpreta como un golpe de timón en contra de sus propios socios de gobierno, Junts per Catalunya (JxCat), cuyos dirigentes proceden en su gran mayoría de Convergencia. Los llamados pos o neoconvergentes creen que ERC pretende causar una crisis que les obligue a salir del ejecutivo y que facilite la constitución de un nuevo tripartito.
Antecedentes
Cabe recordar, por otra parte, que el caso 3% tiene su origen en una denuncia de Montserrat Gasull, quien fuera concejal de ERC en el Ayuntamiento de Torredembarra. Gasull, que falleció en 2017, denunció al alcalde de su municipio y el hilo de las investigaciones conduciría al llamado "caso 3%", el sistema de corrupción masiva implantado por Pujol, su familia y dirigentes de Convergencia. Gasull dejó ERC harta de la falta de apoyo de Oriol Junqueras.