El Tribunal de Cuentas ha aprobado por unanimidad imponer una sanción de 50.000 euros al PP por financiación ilegal de unos 900 euros en las cuentas del partido procedentes de personas jurídicas o de personas no identificadas durante el ejercicio 2017. Concretamente, la irregularidad es la "aceptación de donaciones o aportaciones contraviniendo lo dispuesto en el artículo 5 de la ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos".
Cabe destacar que dichas irregularidades vienen recogidas en un informe de fiscalización de partidos políticos, cuyas ponentes han sido la consejera a propuesta del PSOE y mano derecha de la presidenta Enriqueta Chicano, Dolores Genaro, y la expresidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Hernáez, que fue propuesta como consejera por el PP en sustitución de Margarita Mariscal de Gante.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital aseguran que "el pleno del tribunal de esta semana ha aprobado por unanimidad imponer esta sanción a iniciativa de las citadas consejeras Dolores Genaro y Elena Hernáez. Además, la propia Hernáez fue la encargada de presentar la propuesta de sanción para el Partido Popular encontrando el apoyo de todos los consejeros".
Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que "una vez más la presidenta del tribunal, Enriqueta Chicano, no se abstuvo durante la votación". Todo ella a pesar de que, tal y como desveló este diario, Chicano pidió iniciar una cruzada contra el PP y Vox por las leyes de género, remitiendo un correo electrónico a todo el personal del tribunal el 15 de enero de 2019 junto a un documento titulado "Ni un paso atrás", aprovechando su entonces cargo de presidenta de la Comisión de Igualdad de la institución.
En el citado documento, Chicano reclamaba frenar a las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por intentar limitar el efecto de las leyes de género impulsadas por los socialistas en Andalucía y afirmaba que "la bestia parda que anida en cada rincón de la patria quiere liquidar la Ley contra la Violencia de Género, y sustituirla, claro, por una Ley de Defensa de la Familia".
Recordamos que la normativa del Tribunal de Cuentas exige que "el personal que participe en los procedimientos fiscalizadores deberá actuar con la debida independencia respecto a la entidad fiscalizada". También señala que "no podrán participar en la fiscalización de una entidad quienes tengan algún interés personal en la misma". Según dicha normativa "cuando una persona designada para participar en una fiscalización o, en su caso, en el curso de la misma, apreciase la concurrencia de cualquier circunstancia que pudiese afectar a su independencia, imparcialidad u objetividad, lo podrá en conocimiento de la superiora o superior jerárquico, quién decidirá sobre su permanencia o sustitución en el equipo fiscalizador".
El PP de Casado desactivó el Tribunal de Cuentas
Tal y como publico LD, el Partido Popular liderado por Pablo Casado "desactivó" el Tribunal de Cuentas tras conocer que iba a tumbar los avales presentados por la Generalidad de Cataluña para los golpistas acusados de malversación, en el marco del procedimiento abierto por el golpe del 1-O y su llamada "acción exterior".
Además, el PP entregó el Tribunal de Cuentas al PSOE a cambio de información sobre el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción anunciaba recientemente el archivo de la investigación sobre el contrato de Tomás Díaz Ayuso, impulsada por la anterior dirección del PP encabezada por Casado. Según Anticorrupción, "la investigación practicada no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que D. Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el SERMAS o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa PRIVIET".