El aumento de la actividad delictiva de las bandas latinas ha crecido exponencialmente durante los últimos años en algunas ciudades españoles. Hasta tal punto de que los robos con violencia, las reyertas en las que se emplean armas blancas e, incluso, las muertes por apuñalamiento, se están convirtiendo en algo habitual durante los fines de semana o cuando se celebra algún tipo de festividad local.
Es por ello que la Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido a la Dirección General de la Policía Nacional "la puesta en marcha, con carácter urgente, de un plan especial de seguridad frente al aumento de la violencia que se encuentran los agentes en sus intervenciones y que tiene una relación más intensa con determinadas formas de ocio, el empleo de armas blancas y objetos contundentes y los ritos y enfrentamientos entre grupos juveniles violentos".
La petición recuerda que el número de delitos de lesiones -leves o graves- y riñas tumultuarias ha venido "experimentando una preocupante presión al alza", como se refleja en los datos oficiales que publica el Ministerio del Interior y que, por ejemplo, muestran un récord en la comisión de estos delitos tanto en los datos del primer trimestre de 2022 -con 5.364 infracciones penales- como en el primer semestre de este año -con 12.359 infracciones penales-.
De hecho, en datos porcentuales, el incremento de estos delitos en el primer trimestre del año, en comparación con la media de los seis años anteriores para el mismo periodo, se sitúa en el 35,9 por ciento. En el caso de los datos del primer semestre del año, en comparación con la media de ese mismo periodo de los últimos seis años, el aumento es aún más significativo, pues alcanza un 49,28 por ciento.
"El aumento experimentado este año no tiene una relación con el restablecimiento de la normalidad estadística en niveles prepandémicos sino que, al contrario, consolida y supera ampliamente una tendencia que ya se adivinaba entre 2016 y 2019, antes del inicio de la crisis sanitaria por la Covid-19 y la aprobación de los estados de alarma", asegura el sindicato policial en su escrito remitido a la Dirección General.
"Determinadas formas de ocio urbano, el consumo de alcohol y drogas o los grupos juveniles violentos son elementos que configuran un escenario de mayor riesgo para los compañeros y un incremento de la sensación subjetiva de inseguridad de la población, que sufre las consecuencias de esas expresiones de violencia, que muchas veces vienen acompañadas de agresiones extremas (con armas blancas de grandes dimensiones), de destrozo del mobiliario urbano o de ocupación de espacios públicos que se hacen intransitables", prosiguen desde la CEP.
Por último, exigen un "refuerzo de los despliegues que permitan la intervención de los compañeros con mayor seguridad, apostando por una política de firmeza y tolerancia cero frente a la tenencia y uso de armas blancas o de cualquier otro elemento susceptible de ser empleado en una agresión" y apostando "igualmente por la estricta aplicación, como no puede ser de otra forma, de la legalidad en materia de régimen de extranjería y de consumo de alcohol y sustancias estupefacientes".