Libertad Digital accede en exclusiva a los argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional para frenar el golpe judicial de Pedro Sánchez.
El Pleno del TC ha acordado este lunes, por 6 votos a favor (bloque conservador) y 5 en contra (bloque izquierdista), suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, actualmente en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al propio Tribunal de Garantías que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todo ello, tras admitir las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en un recurso.
Según la argumentación expuesta por el bloque conservador del TC, a la que ha tenido acceso LD, "la supremacía de la Constitución debe ser preservada por el Tribunal Constitucional cuando se recurre un acto que de forma patente vulnera un derecho fundamental".
La misma argumentación defendida por el presidente Pedro González-Trevijano y los magistrados Antonio Narváez, Enrique Arnaldo, Santiago Martínez Vares, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel señala que "la Constitución vincula o sea obliga a todos los poderes públicos. También al Parlamento que no puede desconocer que de forma constante se ha exigido por el Tribunal Constitucional la homogeneidad de las enmiendas con la iniciativa legislativa".
Por último, el Constitucional subraya que "las formas son imprescindibles en la democracia. El Parlamento no puede desconocer los derechos de las minorías parlamentarias que también son parte de la representación del pueblo español".
El Constitucional da este paso después de que dichas enmiendas fueran aprobadas en el Congreso de los Diputados el pasado jueves en el marco de la proposición de ley para derogar el delito de sedición. Aunque estas enmiendas ya habían superado el trámite parlamentario en la Cámara Baja aún quedaba el Senado, donde estaba previsto que quedaran igualmente aprobadas el próximo jueves.
A la decisión del Pleno, que adoptará la forma de auto, han anunciado su intención
de formular voto particular los magistrados izquierdistas Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón y Ramón Sáez Valcárcel, así como las magistradas María Luisa Balaguer Callejón e Inmaculada Montalbán Huertas.
Concretamente, las enmiendas parciales número 61 y 62 planteadas por el PSOE y Unidas Podemos en el marco de la proposición de ley por la que se deroga el delito de sedición proponen pasar de una mayoría de tres quintos, que ahora requiere al menos 11 votos, a una simple para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a sus dos candidatos al TC y que, incluso se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.
Las enmiendas contemplan que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, proponga y vote solo a uno, lo que garantizará que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque del Consejo. En el caso de los izquierdistas, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.
El "conflicto de intereses" de Batet con Campo
Cabe destacar que tras la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, salían en tromba desde el PSOE y el Gobierno a arremeter contra el propio Tribunal de Garantías. Entre ellos, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, el presidente del Senado Ander Gil y la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet. Batet ha pedido ser "oída" en el procedimiento para defender "la autonomía parlamentaria y las funciones del legislativo" y ha mostrado su "preocupación" por este hecho "sin precedentes".
Fuentes jurídicas consultadas por este diario denuncian "el conflicto de intereses" en este asunto ya que su actual pareja, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, es uno de los dos elegidos por el Gobierno de Pedro Sánchez para convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional, junto a Laura Díez, ex alto cargo de Bolaños en el Ministerio de Presidencia.