El pasado fin de semana el líder del principal partido de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hablaba de que este Gobierno, el primero de coalición de la democracia, era en realidad un "Gobierno de colisión", contraponiendo los Gobiernos que él mismo había liderado en Galicia —"de mayorías y de equipos de trabajo que se respetan entre sí"— con "los líos garantizados" del Ejecutivo de Sánchez.
Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Coalición
Cuando se pactó la formación del Gobierno tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019, se anunció que se crearía un órgano coordinador que vigilaría el cumplimiento del pacto alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos —en realidad, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias— y para solventar las discrepancias internas que pudieran surgir.
El acuerdo incluiría la creación de dos órganos —uno centrado en el programa de Gobierno y otro específico que seguiría la actividad parlamentaria—. La Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Coalición estaría formada por 10 personas, con una proporción de seis a cuatro en favor del PSOE, el socio mayoritario, y tendría tres objetivos: "Revisar el funcionamiento de la coalición y el cumplimiento de los objetivos propuestos"; "coordinar la acción entre ambos socios" y "unificar criterios y consensuar posiciones políticas para el desarrollo del programa del gobierno progresista".
¿Cuántas veces se ha reunido la Comisión?
Muy pocas y, aunque es cierto que no se fijó una periodicidad para las reuniones, dadas las discrepancias que han aflorado en estos tres años habría sido conveniente que lo hiciese más a menudo para evitar los bochornosos espectáculos públicos que nos han brindado los socios del Ejecutivo.
La primera vez, el 18 de febrero de 2020, cuando se constituyó. Pocas semanas después, el 5 de marzo de 2020, se convocó por las fricciones surgidas entre PSOE y Unidas Podemos en torno a la hoy célebre Ley de Garantía de la Libertad Sexual y también por la guía difundida por el Ministerio de Trabajo para actuar en los centros de trabajo ante el coronavirus —dato curioso por lo que ocurriría después y las declaraciones del Gobierno sobre que nadie podía saber qué es lo que iba a pasar y por eso no se canceló la manifestación del 8-M—. Otros temas que también habían provocado fricciones en el Ejecutivo recién estrenado —llevaba apenas mes y medio en marcha— fueron las devoluciones en caliente de inmigrantes y la comisión de investigación sobre cuentas bancarias vinculadas al rey Juan Carlos I. Pese al mal comienzo de la coalición de Gobierno, Carmen Calvo restó importancia a las fricciones entre los socios.
El 16 de julio de 2020 se celebró otra reunión, aunque esta vez pareció ser más rutinaria, pues no había una polémica concreta que dirimir.
En octubre de 2021 el ala morada del Gobierno pidió una reunión de urgencia de la Comisión por los "intentos de injerencia" de Nadia Calviño en la reforma laboral de Yolanda Díaz, reunión que terminó sin acuerdo. Podemos acusó al PSOE de "incumplimiento grave" del pacto y finalmente el enfrentamiento se resolvió con una reunión a solas de Sánchez y Díaz en Moncloa.
El 05 de julio de 2022 Yolanda Díaz, después de varios días de mensajes públicos cruzados entre las dos facciones del Gobierno, pidió una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento para "hablar con serenidad" del incremento de los fondos destinados a Defensa —un crédito extraordinario de casi 1.000 millones de euros— aprobado por el Consejo de Ministros (del Gobierno del que ella es vicepresidenta) a lo que se comprometió el presidente Sánchez con la OTAN.
Resulta llamativo que Díaz dijese que se había enterado del crédito extraordinario por la prensa cuando los asuntos que llegan al Consejo de Ministros son tratados por los subsecretarios y secretarios de Estado de los ministerios, sean del partido que sean. Pero es que además, y dando muestras de su proverbial ignorancia, la vicepresidenta desconoce la Ley de Gobierno, pese a formar parte de uno. Esta ley establece que "dirigir la política de defensa" es una competencia exclusiva del presidente del Ejecutivo, es decir, de Pedro Sánchez. Además, el gasto en Defensa no figura dentro del acuerdo programático firmado por ambos partidos cuando se formó el Gobierno.
¿Qué opina este Gobierno sobre…?
Para quienes traten de seguir día a día la información política, resulta realmente complicado saber qué opina este Gobierno sobre temas de gestión y leyes muy trascendentes, pese a que se supone que el Consejo de Ministros actúa de forma solidaria.
En este Ejecutivo no es que haya dos voces, es que a veces son tres —una parte de la coalición, la de Unidas Podemos, colisiona con otra parte de esa parte—, o dos coma cinco, porque en realidad no sabemos bien qué opina Yolanda Díaz —vicepresidenta y supuesta líder del ala Unidas Podemos— de casi ningún tema polémico. Su objetivo, como se encarga de reiterar cada vez que tiene un micro delante, es sumar y cuidar la coalición. Sumar — aunque a este paso acabará sumando consigo misma— y cuidar la coalición —que todos intuyen que hace mucho que ha saltado por los aires—.
Todavía más desconcertante es que esas diferencias en el seno de la coalición no se estén sustanciando en el órgano previsto en 2019, sino que se ventilan en canutazos de prensa, en mítines políticos o en las propias ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Con acusaciones cruzadas en vivo y en directo. A garrotazos, literalmente, dando una imagen bastante bochornosa del Ejecutivo. Resulta curioso que, hace dos años, durante la campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021, Sánchez contraponía la imagen de estabilidad de Salvador Illa, a la de un Govern catalán dividido. "El espectáculo que hemos visto de un Gobierno dividido no nos lo podemos permitir", llegó a decir Salvador Illa durante la campaña.
Para espectáculo, el que dan día sí y día también en el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos: la diferente visión sobre el feminismo que ha puesto de manifiesto la ley Trans; la inclusión o no de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal; el funcionamiento de la cadena alimentaria y la demonización de los supermercados; la limitación de precios (en hipotecas, alquileres, supermercados...); la ley mordaza; la inmigración, la masacre en la valla de Melilla y el cambio de posición con respecto a la cuestión del Sáhara… son algunos de los casos en los que las discrepancias, las fricciones y los enfrentamientos en el seno de Gobierno han sido públicos y notorios. Aunque los casos más mediáticos han sido los relativos a la guerra de Ucrania y, por supuesto, la ley de Libertad Sexual, conocida como ley del sólo sí es sí.
La guerra de Ucrania
La guerra de Ucrania desencadenada a raíz de la invasión de Rusia el 24 de febrero de 2022 ha sido uno de los asuntos que más enfrentamientos públicos ha provocado entre los miembros del Gobierno desde un primer momento, dado que el ala podemita consideraba, y considera, un error el envío de armas para que los ucranianos puedan defenderse. Pero la tensión en los últimos días ha subido en intensidad, con acusaciones de dos destacados miembros del ala socialista contra la ministra Ione Belarra y sus insinuaciones sobre un posible envío de soldados españoles a Ucrania: "¿Qué es lo siguiente? ¿Soldados españoles en Ucrania?" dijo la ministra y secretaria general de Podemos.
La respuesta por parte de los ministros socialistas no se hizo esperar. Primero fue el de Exteriores, José Manuel Albares —que directamente acusó a Belarra de propagar "bulos". "Cualquier persona que quiera hacer creer o pasar el mensaje de que hay alguna planificación de envío de tropas está lanzando un auténtico bulo". Una buena ocasión para que hubiese intervenido el comité antibulos de Ferraz esta vez para desmentir a una compañera del Consejo de Ministros.
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo en tono despreciativo que "esa miembro del Gobierno —en referencia a Belarra— de su área conocerá mucho pero de otras áreas no conocerá nada". Robles ya había contestado que "nunca, nunca" se mandarían militares españoles a Ucrania. Pero en una entrevista en La Sexta arremetió, además, contra su compañera, señalando que su planteamiento carece "de cualquier sentido". "Ignoro cuáles son las razones ocultas por las que quiere decirlo, pero ni se corresponde con la realidad, ni es un escenario posible ni se va a dar nunca", remachó. Y de forma indirecta tachó de imprudente a Belarra cuando subrayó que ella se aplica la "prudencia" a la hora de opinar y valorar sobre asuntos ajenos a su área.
Las consecuencias de la ley del ‘sólo sí e sí’
A pocos días del 8-M parece que lo que se va a escenificar en el Día Internacional de la Mujer es el enfrentamiento total entre PSOE y Unidas Podemos, con una toma en consideración la víspera de la proposición de ley socialista no consensuada con Podemos para tratar de revertir la chapucera ley y sus nefastas consecuencias en rebajas de penas y excarcelaciones de abusadores sexuales, pederastas y violadores. Y con dos ministras, Irene Montero y Pilar Llop, contraprogramando los actos previos al Día Internacional de la Mujer.
Un enfrentamiento que fue patente en la visita que las componentes de la Comisión de la Mujer del Parlamente Europeo realizaron a España la semana pasada.
Las europarlamentarias comprobaron con asombro que dentro del Gobierno el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y el de Justicia de Pilar Llop manejan cifras distintas sobre cuántos delincuentes sexuales se han visto beneficiados por la reforma del Código Penal de la ley del sólo sí es sí.
¿Colisión o pacto de no agresión? El caso ‘Tito Berni’
Precisamente porque se han tirado los trastos en público una y otra vez, estos días está resultando sorprendente el vergonzoso silencio durante días del ala podemita del Gobierno ante la "trama prostitucional que salpica el PSOE" en el caso Mediador o caso del Tito Berni, como denuncia a Libertad Digital la Confluencia Movimiento Feminista.
En esto caso la causa del silencio estaría en el "pacto de no agresión entre PSOE y Unidas Podemos para mantenerse en el poder a cualquier precio" y, más concretamente, el peaje que la formación morada tiene que pagar por haberles permitido sacar adelante sus leyes ideológicas más radicales. "Es la contrapartida de las chapuzas criminales contra las víctimas de violencia sexual del la ley del sólo sí es sí y del retroceso en derechos de las mujeres y la desprotección de la infancia de la Ley Trans", sentencian.