Con el parlamento catalán en una situación de interinidad debido a la condena por corrupción de su presidenta, Laura Borràs, de JxCat, los grupos de ERC y la CUP impulsan una proposición de ley que impida lo que consideran "discursos de odio o intolerantes" de Vox en la cámara autonómica. Tal propuesta cambiaría el reglamento del Parlament para poder sancionar a los diputados de Vox que a juicio de estos partidos emiten consideraciones que a su juicio son intolerables, como referirse a la nacionalidad de los delincuentes.
Uno de los elementos distintivos de esta legislatura en Cataluña son las constantes llamadas al orden a los intervinientes de Vox cuando se abordan asuntos como la seguridad ciudadana o la inmigración. Tanto Laura Borràs, como su sustituta en funciones, la republicana Alba Vergès, acostumbran a interrumpir o incluso retirar la palabra a los diputados de la formación conservadora cuando, según su rasero, vinculan a determinados colectivos o nacionalidades con comportamientos delictivos.
Tanto ERC como la CUP consideran que el reglamento de la cámara es muy ambiguo respecto a qué discursos se pueden sancionar. En la propuesta, filtrada a "El Periódico de Catalunya", se considera "discurso de odio" el "incitar a la discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen, condición social, etnia, lengua o discapacidad".
La intención de estos grupos es que la presidencia del Parlament pueda actuar contra los diputados de Vox más allá de retirarles la palabra o expulsarlos de las sesiones. Los impulsores de este cambio en el reglamento dicen inspirarse en las normas del Parlamento Europeo y sostienen que no limita la libertad de expresión según un informe emitido por los servicios jurídicos de la cámara.
A la carta de JxCat
Además, ERC y la CUP pretenden colar en la reforma disposiciones para ampliar los supuestos para el voto telemático y el voto delegado, lo que permitiría al prófugo Lluís Puig, de Junts per Catalunya (JxCat) votar desde Bruselas, a pesar de que el Tribunal Constitucional resolvió que Puig no puede votar. Con ello se persigue conseguir que JxCat se sume a la proposición de ley contra Vox. De momento, los de Puigdemont no han aclarado su postura y su prioridad pasa por restituir a Laura Borràs como presidenta del Parlament a pesar de haber sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a cuatro años y medio de cárcel y trece de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.