El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó a los fiscales que presentaran con "urgencia" los informes sobre el caso Bildu. Covite denunció que 44 candidatos de las listas electorales de EH Bildu habían sido condenados por haber formado parte o haber colaborado con ETA, 7 de ellos por delitos de sangre. El partido que lidera Arnaldo Otegi simuló que retiraba a los siete asesinos de ETA de sus listas y anunciaba en un comunicado que los 7 candidatos renunciarán al cargo en caso de ser elegidos.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó el pasado 17 de mayo la denuncia presentada por la asociación Dignidad y Justicia sobre las 44 etarras condenados incluidos en las listas electorales de EH Bildu para los comicios locales y autonómicos de este domingo, al determinar que no había delito, ni causa de inelegibilidad. Por su parte, la propia Fiscalía General del Estado rechazaba en otro informe la petición a petición de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) de ilegalizar la formación de Arnaldo Otegi porque no existía "causa de ilegalización".
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "el fiscal general del Estado ordenó internamente presentar con urgencia los respectivos informes que rechazaban la impugnación de las listas de EH Bildu, así como su posible ilegalización".
"Había tiempo de sobra para estudiar con detenimiento y de forma más minuciosa la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) o bien la Ley de Partidos para intentar encontrar algún mínimo resquicio legal, pero no interesaba", añaden. Cabe destacar que los juristas consultados por este diario apostaban por una modificación de ambas leyes para asegurar que Bildu no vuelva a presentar a terroristas condenados en sus listas.
Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian "el malestar existente en el Ministerio Público y las suspicacias como consecuencia de las prisas mostradas por el fiscal general en dar carpetazo al escándalo de Bildu. García Ortiz tenía mucha urgencia en sofocar el incendio desatado para el Gobierno de Pedro Sánchez por este asunto".
Dignidad y Justicia desmonta a la Fiscalía
La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó la impugnación de las listas de EH Bildu propuesta por Dignidad y Justicia porque tras recabar "las hojas histórico-penales de las personas condenadas a las que se hace expresa referencia en el escrito de denuncia. Del examen de esta documentación no se aprecia la concurrencia de circunstancia alguna que permita atisbar que nos encontramos ante un supuesto de inelegibilidad de los previstos en el art.6.2LOREG…".
Sin embargo, la asociación de Daniel Portero descubría este jueves que una de las terroristas condenadas incluidas en las listas, Sara Majarenas, aún no había cumplido su pena de inhabilitación. Por ello, denunciaba "la causa de inelegibilidad prevista en el art.6.2 LOREG en la que está incursa la candidata incluida en la posición diez, por la formación política EH Bildu a las elecciones municipales en la localidad de Astigarraga (Guipúzcoa)" y solicitaba la impugnación y anulación de la citada candidatura. La Fiscalía de la Audiencia Nacional le acababa dando la razón.
Por su parte, el escrito de la Fiscalía General elaborado por la Secretaría Técnica que rechazaba la ilegalización de Bildu argumentaba que la Ley de Partidos Políticos "restringe el ámbito de aplicación de esta causa de ilegalización, en la medida en que exige la inclusión de personas condenadas por delitos de terrorismo en las listas electorales cuando se haga de modo regular y no meramente ocasional".
Una vez más, Dignidad y Justicia desmontaba este extremo al demostrar que la presentación de etarras condenados como candidatos no fue "meramente ocasional" como dice el Ministerio Fiscal, ya que EH Bildu presentó "listas contaminadas" con terroristas en las elecciones de 2015, 2016 y 2019 sólo por Guipúzcoa.