Sociedad Civil Catalana (SCC), organización cívica y cultural constitucionalista, ha denunciado ante la sala segunda del Tribunal Supremo a la vicepresidenta del Gobierno en funciones y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por "faltar a la obligación de su cargo y dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables". La querella se basa en la reunión mantenida entre Yolanda Díaz y el prófugo Carles Puigdemont con el acompañamiento del exdiputado de Podemos Jaume Asens y Toni Comín, también huido de la justicia tras el golpe de Estado separatista de 2017.
La entidad constitucionalista entiende que la excusa de que Yolanda Díaz no fue en calidad de vicepresidenta del Ejecutivo de Pedro Sánchez sino como líder de Sumar es "fraudulenta", toda vez que siempre prevalece el cargo institucional que un dirigente político ostenta. A juicio de SCC, Yolanda Díaz habría cometido el delito recogido en el artículo 408 del Código Penal, que recoge lo siguiente: "La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".
Argumentos jurídicos
En un comunicado emitido este viernes, Sociedad Civil Catalana apunta que "resulta una obviedad que Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, acudió al encuentro con Carles Puigdemont para encauzar la investidura del presidente del Gobierno y negociar con quien fuera presidente de la Generalidad durante el desafío al marco constitucional unas exigencias que atentan contra los intereses de España y del propio Estado de Derecho. Prueba de que acudió en representación del Ejecutivo en funciones es que la vicepresidenta no ha sido cesada de su cargo pese a hacer ostentación pública de la "normalidad" de su largo encuentro con Puigdemont y otros fugitivos por la causa del procés".
El texto de la denuncia presentada en el Tribunal Supremo destaca que "la vicepresidenta Yolanda Díaz, cargo del que no puede desprenderse a voluntad y alegar que únicamente interviene a título de líder de Sumar, trató asuntos de Estado con un prófugo de la Justicia, negociando las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez. Consideramos también evidente que, desde Moncloa, pese a su intención de desmarcarse de esta reunión, hubo de avalarse este encuentro que, con toda seguridad, no se gestó en unas pocas horas. De ser cierto que desde el Ejecutivo nada se conocía de este encuentro antes de la noche anterior, la reacción lógica ante estos graves hechos habría sido la de cesar a Yolanda Díaz de sus cargos y no la celebración de sus más que dudosos logros".
Legitimar a un prófugo
La entidad considera que Díaz ha perpetrado una "actuación sin precedentes en la historia reciente" y que "ha legitimado a un prófugo de la Justicia que ha utilizado todos los medios a su alcance para desprestigiar la imagen internacional de España". También apunta que "además de legitimar al secesionismo, ha dado carta de naturaleza a una serie de exigencias inconstitucionales".
La denuncia recoge también que "la reunión del 4 de septiembre, promocionada con toda la pompa y la trascendencia posible entre una vicepresidenta del Gobierno de España con un prófugo de la justicia, cuyo delito principal ha sido atentar contra la integridad territorial de España, es algo sumamente grave que no hace sino evidenciar el poco o nulo respeto de Yolanda Díaz hacia el cargo que ocupa, con el agravante de que ella no es otra cosa que la representante del sujeto soberano, es decir, de España".
Consta también en la denuncia que "si bien es cierto que hasta ahora el tipo penal recogido en el artículo 408 del Código Penal se ha aplicado a funcionarios o autoridades cuya obligación directa era perseguir delitos, en este caso la conducta omisiva de la señora Díaz también tiene un perfecto encaje en este tipo penal. Y es que, el deber de promover la persecución de delitos está incluido en las funciones del Gobierno y, en consecuencia, cualquier cargo ejecutivo tiene la obligación de cumplir con esta responsabilidad".
Ataque al interés general de los españoles
En el comunicado, SCC expresa además que "la conducta de Yolanda Díaz atenta frontalmente contra el interés general de todos los españoles, atenta contra la legislación vigente y contra las resoluciones judiciales existentes". También carga contra la vicepresidenta por "proyectar una imagen lamentable de nuestro país en el exterior; es paradójico que desde el Poder Judicial se persiga al responsable de la mayor fractura entre españoles de los últimos años y que, desde las mismas instituciones del Estado se promocionen reuniones con dicho sujeto en busca de su beneplácito para una futura investidura a cambio de cesiones del todo inconstitucionales y que no hacen sino llevar a España a la decadencia".
Sociedad Civil Catalana es también acusación particular en el Tribunal de Cuentas por la malversación de caudales públicos en la promoción del proceso separatista, una causa en la que están acusados una treintena de dirigentes de la Generalidad, de Puigdemont y Junqueras a Artur Mas y exconsejeros y exaltos cargos de la administración autonómica.