
La Policía Nacional ha concluido este miércoles la identificación de los trece fallecidos el pasado domingo como consecuencia del incendio que afectó a las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en la zona de ocio de Las Atalayas de Murcia. Entretanto, la Policía Científica continúan recogiendo indicios en el interior de los locales y tomando declaración a los testigos, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del suceso.
De las primeras conclusiones alcanzadas por los investigadores, que adelantaba ayer el periodista Alfonso Egea en Telecinco, se desprende que la clave podría estar en la división que se hizo en la nave para dar cabida a dos negocios distintos: un panel de pladur que "llegaba sólo hasta el falso techo". A todos los efectos era un sólo local.
"Compartían conductos de ventilación", lo que posibilitó que el humo se pasara rápidamente de una discoteca a otra, y también "maquinaria de climatización", que estaba precisamente en el falso techo y parece que "pudo ser el origen" del fuego. Policía Científica cree que un "recalentamiento" provocó el incendio.
LLegados a este punto, cabe recordar que esa separación nunca fue aprobada por el Ayuntamiento, que denegó las licencias y ordenó el cese de la actividad de Teatre (la única empresa de la se tiene constancia administrativamente hablando, según la versión del consistorio) el 10 de enero de 2022, para dos meses más tarde ordenar su cierre. La cuestión es por qué no se ejecutó ninguna se estas órdenes.
Depurar responsabilidades
"En línea con el compromiso manifestado el domingo por el alcalde de Murcia, el Consistorio abrió el lunes un expediente de investigación para el total esclarecimiento de los hechos en relación a la orden de cese de actividad de la discoteca Teatre dictada por el concejal de Urbanismo de la anterior Corporación y depurar posibles responsabilidades", asegura el Ayuntamiento en a través de un comunicado.
De aquí que haya decidido "apartar cautelarmente" a los funcionarios que intervinieron en ese expediente. Por otra parte, recoge la nota, se van a "mejorar los protocolos de actuación para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro un hecho similar". El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha ordenado además "la revisión de la situación administrativa de los locales de ocio del municipio y la comprobación del cumplimiento de las órdenes de cese de actividad".
Colaboración y prevención
"Somos los primeros interesados en que se conozca qué ocurrió y se depuren responsabilidades hasta las últimas consecuencias", ha aseverado este jueves en rueda de prensa la vicealcaldesa, Rebeca Pérez. "No es sólo una preocupación de las familias, de la junta de Gobierno o de la corporación municipal, Murcia está conmocionada y entendemos que todos los esfuerzos que se hagan para aclarar estos hechos será lo mejor que nos pueda pasar".
El Ayuntamiento está "colaborando" con la investigación, ha insistido, "y adoptando medidas preventivas para que esto nunca más se vuelva a producir en el municipio de Murcia". El juzgado de Instrucción número 3 de Murcia -por su parte- ha abierto diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente "para el esclarecimiento de los hechos y depuración, en su caso, de eventuales responsabilidades penales". Pero aún se desconoce quiénes serán los encausados. De momento, el órgano mantiene el secreto de sumario.

