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La demoledora declaración institucional del CGPJ contra la Ley de amnistía de Sánchez, en manos de dos conservadores

Fuentes del CGPJ consultadas por LD apuntan que "llegó el momento de que cada uno se retrate y elija la forma en la que quiere pasar a la historia".

Fuentes del CGPJ consultadas por LD apuntan que "llegó el momento de que cada uno se retrate y elija la forma en la que quiere pasar a la historia".
Reunión del Consejo General del Poder Judicial. | CGPJ.

La aprobación de la demoledora declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en contra de la Ley de amnistía del 1-O anunciada por Pedro Sánchez se encuentra en manos de otros dos miembros del sector conservador del CGPJ: el presidente suplente Vicente Guilarte y el vocal Wenceslao Olea.

Ocho vocales conservadores del CGPJ presentan este jueves una solicitud de pleno extraordinario para aprobar la citada declaración institucional adelantada este miércoles en la que denuncian que el interés personal de Sánchez para lograr la investidura no es el interés de España. Los 8 vocales firmantes son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital apuntan que "el Pleno está compuesto actualmente por los 8 vocales conservadores firmantes, los otros dos miembros conservadores que no han firmado todavía la declaración Vicente Guilarte y Wenceslao Olea, y por último, los 6 vocales que integran el denominado bloque izquierdista: Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas, Roser Bach, Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda".

"No se espera que ningún vocal del denominado sector izquierdista vote a favor de la aprobación de la declaración institucional, ya que los partidos que les propusieron como vocales forman parte del pacto de investidura de Sánchez. No obstante, para que la declaración se apruebe sólo haría falta un voto, que se podría obtener con el apoyo de Guilarte o de Olea. Ha llegado el momento de que cada uno se retrate y elija la forma en la que quiere pasar a la historia. La situación es límite", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD sostiene que "el pleno extraordinario para abordar la aprobación de la citada declaración institucional podría celebrarse el próximo lunes por la tarde, aunque la decisión la tomará el presidente suplente del Gobierno de los jueces, es decir, el propio Vicente Guilarte".

Las claves de la propuesta de declaración institucional

El CGPJ alerta en esta propuesta de declaración institucional que Pedro Sánchez "ha pactado una ley de amnistía con partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida" y destaca que "la futura ley de amnistía se tramitará como proposición de ley, con lo que se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo".

Los vocales del CGPJ expresan con esta declaración "su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España" y señalan que "en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución".

"Confundir el ‘interés de España’ con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política", añaden.

Después, el CGPJ subraya que "no es compatible con el principio de Estado de derecho proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución. Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el ‘interés de España’".

Los vocales denuncian que con la Ley de amnistía se genera "una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos lo que, con no justificarse en ningún fin constitucionalmente legítimo". Además, sostienen que "se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico: si la independencia es el instrumento necesario para que los tribunales puedan actuar con neutralidad y garantizar, mediante la efectividad de sus decisiones, el principio de seguridad jurídica" y también se violentan "los compromiso asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial.

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