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EDITORIAL

Lo que queda del Estado de derecho no se resigna a morir

Que ni la resignación ni el silencio acompañen al derribo de la frontera más preciosa de nuestra nación: la que la articula como Estado de derecho.

Todo parece indicar que Pedro Sánchez, en comandita con todas las formaciones contrarias a la unidad de la nación española y a su ordenamiento constitucional, ya lo tiene todo "atado y bien atado" para ser nombrado presidente de gobierno en una sesión de investidura que ha de celebrarse necesariamente en no menos de treinta días. Así lo apuntan, no sólo las nauseabundas declaraciones del propio Sánchez del pasado fin de semana, en las que el felón ya abiertamente defendía esa amnistía que hasta las pasadas declaraciones reconocía como abiertamente inconstitucional y perjudicial para España, sino también las declaraciones de los representantes de las formaciones separatistas, proetarras y de extrema izquierda que desvelan que el acuerdo ya se ha alcanzado. Es más: fuentes del PSOE aseguran que este partido, junto a Sumar, ERC, Junts, Bildu y BNG, podrían registrar en los próximos días la Proposición de Ley para celebrar, una semana más tarde, la sesión de investidura.

Aun así, no es menos evidente que lo que queda de España y de su Estado de derecho no se resigna a contemplar impasiblemente este atentado institucionalizado contra nuestra Ley de Leyes y contra la igualdad de todos los españoles ante un ordenamiento jurídico que la amnistía viene a burlar o subvertir en favor de los aliados golpistas de Sánchez. Y con ello no nos referimos únicamente a las encomiables y multitudinarias manifestaciones que se han celebrado y se van a seguir celebrando en toda España contra esta infamia; o a las declaraciones institucionales que contra ella puedan dirigirse desde los ayuntamientos o comunidades autónomas; o al previsible y deseable entorpecimiento que pueda darse a este engendro antijurídico a su paso por el Senado. Nos referimos muy especialmente también a la decisión de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de solicitar al presidente Vicente Guilarte la celebración de un pleno extraordinario para debatir sobre una declaración institucional donde se califica acertadamente la amnistía de medida con "efectos de degradación" para el país "cuando no de abolición del Estado de Derecho en España".

Ni que decir tiene que si el Gobierno hubiera cursado esta amnistía como proyecto de ley, tal y como merecería algo de tantísima transcendencia jurídica, ese informe valorativo del CGPJ, como de otros órganos consultivos, sería preceptivo. Pero dadas la exigencias del golpista de Puigdemont de que esa iniciativa legislativa debía registrase no después sino antes de la investidura de Sánchez, ha permitido al felón de La Moncloa esquivar tanto las limitaciones que le impone el hecho de estar su Ejecutivo en funciones —entre ellas, la que le impide presentar proyectos de ley— como evitar los informes de los órganos consultivos que, siendo preceptivos en el caso de los proyectos de ley, no lo son cuando se trata de proposiciones de ley promovidas por grupos parlamentarios.

Aun así, una cosa es que la ley obligue al CGPJ a emitir un pronunciamiento respecto a un proyecto de ley y otra, muy distinta, que el Órgano de Gobierno de los Jueces no pueda emitirlo cuando la iniciativa legislativa adquiere la forma de proposición de Ley.

Así las cosas, hacen bien estos ochos vocales en su afán de que el Órgano de Gobierno de los Jueces se pronuncie contra un engendro que también atenta, y de forma nuclear, contra lo que queda de separación de poderes en nuestro país.

Tal vez, o con toda seguridad, este pronunciamiento del CGPJ no sirva para evitar que Sánchez se convierta en presidente de gobierno al precio de demoler, a través de una amnistía, un principio sobre el que descansa toda democracia representativa como es la observancia de la Ley y el sometimiento al Derecho. Aun así, es necesario intentarlo y aplicarse el "que por mi no quede" de tal forma que ni la resignación ni el silencio acompañen al derrumbe de las fronteras más preciosas de nuestra nación, que no son otras que aquellas que la articulan como Estado de derecho.

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