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España se tendrá que enfrentar al TJUE, la Comisión Europea o a su propio Brexit por la Ley de amnistía de Sánchez

Fuentes jurídicas consultadas por LD denuncian que "la ambición de poder de Pedro Sánchez deja a España en una situación delicadísima frente a la UE".

Fuentes jurídicas consultadas por LD denuncian que "la ambición de poder de Pedro Sánchez deja a España en una situación delicadísima frente a la UE".
El prófugo Carles Puigdemont habla del acuerdo de legislatura alcanzado con el PSOE. | EFE

España se tendrá que enfrentar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la Comisión Europea o a su propio Brexit por la Ley de amnistía del 1-O acordada por Pedro Sánchez con los golpistas catalanes a cambio de su investidura.

El PSOE y Junts firmaban este jueves el acuerdo para investir a Sánchez a cambio de los 7 votos del partido del expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont .Los socialistas se comprometen también a que "Junts proponga la celebración de un referéndum de autodeterminación" y que el PSOE defienda "el amplio desarrollo del Estatut de 2006 así como el amplio despliegue". Por su parte, el texto de la Ley de Amnistía se dará a conocer en los próximos días.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "la ambición de poder de Pedro Sánchez deja a España en una situación delicadísima frente a la UE que podría terminar incluso con su propia salida, si se considera que está infringiendo de forma grave y persistente los principios en los que se basa la Unión Europea".

"La Ley de amnistía planteará tres posibles escenarios frente a Europa. En el primero, los jueces que tengan abiertos procedimientos relacionados con el 1-O que se vean afectados por la aplicación de la Ley de amnistía podrán plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE. Los magistrados tendrán que argumentar por qué consideran que la aplicación de dicha Ley no es compatible con el Derecho de la UE, con el objetivo de no tener que aplicarla. Además, podrán solicitar la tramitación acelerada de la cuestión prejudicial para que el TJUE resuelva si lo considera en un plazo aproximado de 6 meses, ya que su tramitación normal puede alcanzar los 2 años. Éste sería el escenario más efectivo contra la Ley de amnistía".

"El segundo escenario se produciría si la Comisión Europea actúa de oficio al concluir que la Ley de amnistía incumple el Derecho de la UE. En este escenario, habría una fase pre-contenciosa en laque la Comisión haría un requerimiento a España para que diera su versión al respecto. Si no convencen las explicaciones, la Comisión iniciaría la fase contenciosa presentando una demanda ante el TJUE contra el Estado español. Este tribunal tendría que dirimir si España o la Comisión tienen razón. Si falla en contra de España, instaría a la aplicación de una serie de medidas contra la Ley de amnistía y los jueces podrían dejar de aplicarla", añaden.

"El tercer escenario sería el más grave para España, ya que podría desembocar en su salida de la UE, su propio Brexit. Dicho escenario tendría lugar si la Comisión Europea considera que España ha cometido una violación flagrante del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea", destacan.

Dicho artículo permite suspender los derechos como miembro de la Unión Europea si un país infringe de forma grave y persistente los principios en los que se basa la UE según lo dispuesto en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías).

"El vacile de Bolaños en la cara de Reynders"

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "el ministro de la Presidencia Félix Bolaños ha vacilado en su cara al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders". Todo ello, después de que Reynders pidiese explicaciones a Bolaños por la Ley de amnistía tras recibir la demoledora declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ministro contestó que el Gobierno, al estar en funciones, no puede remitir a las Cortes Generales proyectos de ley, y que son los grupos parlamentarios los que tienen capacidad de presentar proposiciones de ley en el Congreso.

"La UE no puede permitirse que ningún Estado miembro se ría en su cara de esta manera y tragarse ese sapo. No se descarta una reacción del propio Reynders en los próximos días. En cualquier caso, el Gobierno ya ha escenificado su desprecio hacia Europa", concluyen.

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